Por Canal26
Lunes 29 de Julio de 2024 - 22:49
San José, 29 jul (EFE).- La Sala Constitucional de Costa Rica declaró este lunes inconstitucional la iniciativa de referéndum conocida como 'Ley Jaguar', con la cual el Gobierno pretendía introducir reformas a la Contraloría General de la República (CGR), tras encontrar "vicios de constitucionalidad en todos los artículos consultados".
"Las razones de la inconstitucionalidad tienen que ver con el hecho de que el proyecto afecta atribuciones constitucionales de la Contraloría. En este caso también se le quitan herramientas importantes para que la Contraloría pueda ejercer sus funciones constitucionales", dijo en un comunicado el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo.
El pasado 5 de junio, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, presentó al Congreso un proyecto de referéndum para reformar a la CGR, un ente fiscalizador de rango constitucional del que el mandatario se ha quejado constantemente porque asegura que le paraliza al Gobierno los grandes proyectos de infraestructura.
El proyecto de 'Ley Jaguar', llamado así en alusión al felino con el que Chaves compara a la economía de Costa Rica, busca reforma seis artículos de la Ley Orgánica de la CGR y uno de la Ley de Control Interno de esa entidad.
Según el Gobierno, la iniciativa tiene como fin "fortalecer" a la CGR y clarificar sus funciones, mientras que la contralora general, Marta Acosta, ha asegurador en varias ocasiones que se trata de un intento de debilitar la institución, "desmantelar" el control sobre los fondos públicos y facilitar las contrataciones "a dedo".
El presidente Chaves ha criticado constantemente a la CGR durante los dos años que lleva en el poder, especialmente a raíz de una advertencia sobre el mecanismo que el Ejecutivo acordó con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción y posterior arrendamiento en terrenos del Estado de un conjunto de edificios llamado Ciudad Gobierno, valorado en 450 millones de dólares.
La CGR advirtió que ese modelo no está estipulado en la legislación costarricense, por lo cual el proyecto no ha iniciado.
Chaves también ha criticado una advertencia de la CGR hacia un proyecto de asociación pública privada con la que se pretende construir, con inversión privada en terrenos del Estado, una marina en la provincia de Limón (Caribe) con un costo de 850 millones de dólares.
El Gobierno aún no se ha pronunciado sobre la resolución de la Sala Constitucional.
Costa Rica solo ha celebrado un referéndum a escala nacional en su historia y fue en el año 2007 cuando los costarricenses aprobaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. EFE
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