China sancionó a más de 889.000 funcionarios por violaciones disciplinarias en 2024

Pekín, 10 ene (EFE).- China sancionó a más de 889.000 funcionarios por violaciones disciplinarias en 2024, informaron este viernes los dos órganos anticorrupción más importantes y poderosos del país.

Las autoridades de disciplina y supervisión recibieron 3,56 millones de denuncias, de las cuales un millón eran acusaciones o delaciones directas, según la Comisión Central para la Inspección de la Disciplina del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) y la estatal Comisión Nacional de Supervisión.

Entre los castigados, 73 eran altos cargos a nivel provincial o ministerial, según un comunicado publicado en la página web de las instituciones.

Los organismos informaron además de la investigación de 26.000 personas por ofrecer o recibir sobornos, 4.271 de las cuales fueron transferidas a la Fiscalía para su procesamiento.

Asimismo, las autoridades llevaron a cabo críticas o labores de "educación" contra 1,24 millones de funcionarios.

En 2023, los dos organismos sancionaron a un total de 610.000 trabajadores gubernamentales.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, comenzó una campaña anticorrupción en la que varios altos cargos chinos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

Xi, que afianzó su poder al frente del país durante el XX Congreso que celebró el PCCh en 2022, adelantó en aquel Congreso que profundizaría en la campaña contra la corrupción porque "la situación es todavía grave".

Esta semana, Xi pidió "ganar decididamente la dura y prolongada batalla contra la corrupción". Según el líder chino, se han hecho "esfuerzos sin precedentes", con "resultados ampliamente reconocidos", pero pidió "acciones sostenidas para combatir la corrupción".

"La corrupción es la mayor amenaza para el Partido", enfatizó Xi, agregando que el PCCh "abordará todos los casos" para "garantizar el avance constante de la modernización china".

La campaña anticorrupción actual apunta a funcionarios del Gobierno pero también a sectores tan variopintos como el financiero, el tabacalero y el farmacéutico, entre otros, y sigue a la emprendida en 2012, que vino acompañada de un aumento de la represión, la censura y las sospechas de que las acusaciones formaban parte de una estratagema para acabar con los críticos. EFE

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