Exjefe militar hondureño buscado por la Interpol dice ser un perseguido político

Tegucigalpa, 22 mar (EFE).- El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras Romeo Vásquez dijo este sábado, tras aparecer entre los diez más buscados en su país por la Policía Internacional, que se trata de una "persecución política" y una "venganza" por haber defendido la Constitución durante el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

"Hoy aparezco en una lista de los 10 más buscados en Honduras. Ofrecen recompensa por mi paradero, como si decir la verdad fuera delito. Pero no me escondo. No tengo miedo porque defender la patria nunca ha sido un crimen", dijo Vásquez en un comunicado desde un lugar desconocido.

Vásquez era el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando el 28 de junio de 2009, el entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue derrocado y expulsado del país.

El 5 de julio de ese mismo año, Zelaya intentó ingresar por vía aérea al país, y durante una nutrida manifestación de hondureños que se aprestaban a recibirlo en el Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, se produjo la muerte del joven Isis Obed Murillo, al parecer alcanzado por la bala de un fusil que le impactó en la cabeza.

Por la muerte de Murillo, el Ministerio Público (Fiscalía) acusó a Vázquez y otros dos generales retirados, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto.

Los tres militares retirados enfrentan un juicio por "homicidio" y "homicidio en su grado de ejecución de tentativa a Alex Roberto Zavala", ambos seguidores de Zelaya, el esposo y asesor principal de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Los acusados fueron capturados el pasado 5 de enero y remitidos a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, pero una semana después la medida les fue revocada y se les dictó arresto domiciliario.

Algunos ligados al narcotráfico

En una nueva resolución, la Corte de Apelaciones de lo Penal revocó el 3 de marzo el arresto domiciliario y ordenó su regreso a la Penitenciaría Nacional, lo que ya hicieron, voluntariamente, el pasado día 18 Cervantes y Puerto, mientras se desconoce el paradero de Vásquez.

La Interpol (Policía Internacional) publicó este sábado una lista de diez hondureños, algunos de ellos ligados al narcotráfico, entre los que figura Romeo Vásquez, ofreciendo además una recompensa de 500.000 lempiras (unos 19.530 dólares).

"Cumplí con mi deber como soldado y ciudadano. Obedecí una orden directa de la Corte Suprema de Justicia para detener un intento ilegal de imponer una Asamblea Constituyente al estilo de Cuba y Venezuela. Lo hice por Honduras. Por respeto a la ley. Por amor a mi país", indicó Vázquez en su comunicado.

Agregó que ahora lo persiguen "no por robar, ni por matar. Me persiguen por cumplir la ley y alzar la voz contra la mentira".

Señaló además, aludiendo hechos asociados al expresidente Zelaya y un hermano suyo, el exdiputado Carlos Zelaya, que, "mientras tanto, los que han sido señalados por negociar con el narcotráfico, aparecer en narcovideos y saquear el país en carretillas, son protegidos, premiados y blindados por una amnistía política que libera a corruptos y traidores".

"Esta no es justicia. Es persecución política. Es venganza. Y es una advertencia: Si dices la verdad, serás castigado", dijo Vásquez, quien además hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y "a todas las democracias del mundo", que "denuncien esta persecución política".

Les pidió además que "se mantengan vigilantes ante cualquier atentado contra mi vida, libertad o dignidad" y que le "exijan al Estado hondureño las pruebas de lo que me acusan, el respeto al debido proceso, a los derechos humanos y a la verdad".

Según la Fiscalía, las investigaciones han determinado que las acciones de los militares -del 5 de julio de 2009- fueron "brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M-16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente".

Además, el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, ha reiterado que el juicio contra los tres militares no es ninguna persecución política.

Manuel Zelaya fue derrocado cuando promovía una consulta popular desoyendo a varios entes del Estado que consideraban que era ilegal. EFE

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