Familias de víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte buscan declarar ante la CPI

Manila, 22 mar (EFE).- Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmaron este sábado que esperan "con impaciencia" las directrices de la Corte Penal Internacional (CPI) para testificar contra el exmandatario, acusado del crimen de lesa humanidad de asesinato.

"Esperamos con impaciencia nuevas instrucciones del Tribunal y de la sección de víctimas de la Secretaría para conocer las directrices", señaló la abogada filipina Kristina Conti en un comunicado conjunto con la asociación Rise Up, que agrupa a familiares de víctimas de la guerra contra las drogas.

Conti y Rise Up celebraron la decisión de la CPI de iniciar la participación de víctimas en el juicio contra Duterte, al ordenar ayer a la Secretaría que sugiera un proceso de solicitud y registro de los testigos.

"No podemos determinar el alcance exacto del caso y, por tanto, la identidad exacta de las víctimas que pueden participar", precisó la abogada, hasta que el tribunal confirme los cargos contra el expresidente a partir del próximo 23 de septiembre.

En su orden emitida ayer, la sala de la CPI preguntó al equipo legal de Duterte responder a una serie de preguntas sobre su defensa antes del 11 de abril, incluyendo si buscará excluir la responsabilidad penal invocando motivos como la demencia o la incapacidad.

El expresidente fue arrestado en Filipinas y trasladado a La Haya el martes de la semana pasada, después de que la CPI ordenara su detención al acusarlo del crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su guerra contra las drogas.

Durante el mandato de Duterte (2016-2022) murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según cifras de la Policía, aunque ONG locales elevan la cifra hasta las 30.000.

El expresidente retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado en una investigación sobre la guerra contra las drogas que lanzó durante su mandato (2016-2022). Sin embargo, el tribunal consideró que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI. EFE

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