Caso Blumberg: uno de los secuestradores pidió ser liberado tras presentación del Gobierno ante la CIDH

Juan Carlos Blumberg, papá de Axel.

Uno de los condenados por el secuestro y homicidio de Axel Blumberg pidió ser liberado ante la Justicia. Los motivos que presenta son varios: que cumplió las dos terceras partes de su condena y que no quiere infectarse de coronavirus. Además de esto, el Estado nacional inició un camino de “solución amistosa” a una demanda que él motorizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la dureza de la sentencia en su contra.

Desde los tribunales de San Martín se envió un oficio dirigido al Ministerio de Justicia para que detalle cuál es la posición del Gobierno en esta demanda internacional.

El detenido en cuestión es Carlos Saúl Díaz, hoy de tiene 33 años, condenado a 21 años de cárcel. Al momento del hecho tenía 17 y por ello recibió una condena menor.  

Hace menos de 15 días la defensa a cargo de Claudia Cesaroni, presentó un nuevo pedido en donde a sus argumentos anteriores le sumó la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 y el nuevo rumbo que había tomado una demanda internacional promovida por su defendido.

Se presentó una nota que la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Andrea Pochak, envió a la CIDH. Allí se propone la iniciación de una instancia de “solución amistosa” en este caso, que se había iniciado en 2009 y que en agosto último había sido declarado “admisible” por ese organismo internacional. En ese proceso, Díaz es la víctima.

El papá de Axel Blumberg, Juan Carlos, dijo: “Esto es gravísimo. Cuántas veces esta gente puede seguir insistiendo en que se le dé la libertad en vez de cumplir su pena. No estábamos informados de nada de esta posición del Gobierno argentino”.

Cesaroni, defensora del joven, afirmó que “no se trata de un beneficio sino de un derecho" y resaltó que su cliente desde setiembre de 2017 está en condiciones de acceder a la libertad condicional porque tiene todos los requisitos cumplidos. "Lo único que hace que no pueda acceder a la libertad es la posición de la querella y la fiscalía”.

En el Ministerio de Justicia aclararon que el Estado no está pidiendo la libertad de uno de los asesinos de Axel, sino que está haciendo una presentación técnica ante una demanda internacional para evitar que el Estado argentino sea condenado.

Hoy por hoy hay presos reclamando arrestos domiciliarios y excarcelaciones en medio de la pandemia y en donde ya estallaron huelgas de hambre, protestas y levantamientos en distintos penales. Ahora, hay una negociación abierta entre cabecillas de detenidos, funcionarios nacionales, encabezados por el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, representantes de la Procuración Penitenciaria y organismos de derechos humanos.

El 28 de febrero pasado, el director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos, Javier Salgado, envió una nota al secretario Ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao. Allí el Estado propuso “la apertura de un espacio de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de arribar a una solución amistosa” sin que ello implique “un reconocimiento de los hechos denunciados”.

La subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia Andrea Pochak le respondió una carta que había enviado la defensora del condenado Díaz, en donde le preguntaba por el trámite de su cliente. Ahí informó que la actual gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación consultó el caso con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y decidió proponer un proceso de solución amistosa, dentro de los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Un proceso de solución amistosa, explicaron las fuentes consultadas, implica abrir “espacios de diálogo entre peticionarios y Estados” para que se llegue a un acuerdo en donde haya "medidas de reparación beneficiosas para las presuntas víctimas directas de la violación y la sociedad en su conjunto” y que la Argentina evite una “condena internacional”. Algo que, según creen los funcionarios del ministerio de Justicia, es probable en este caso.

Como siguiente paso, se pidió certificar estos documentos que presentó la defensa y pedir una conclusión sobre el rol del Estado argentino en el proceso. También pidió informes al Servicio Penitenciario Federal sobre el interno Díaz y dispuso que una vez que lleguen esos oficios se le dé vista a la fiscalía y a las víctimas para que den su opinión sobre el pedido de libertad condicional.