Crimen de Lucas González: solicitaron prisión preventiva para los tres policías acusados 

Crimen de Lucas González: solicitaron prisión preventiva para los tres policías acusados 

El fiscal de la causa por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo en el barrio porteño de Barracas, solicitó que los tres policías detenidos por el crimen sean procesados con prisión preventiva por un homicidio agravado por placer, informaron fuentes judiciales.

El pedido de Leonel Gómez Barbella recayó sobre el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes prestaban servicios en la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad al momento del asesinato del futbolista.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió al juez Martín Del Viso procesar con prisión preventiva a Isassi, López y Nievas como coautores del "homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial", en perjuicio de Lucas, y "tres hechos de tentativas de homicidio con idénticos agravantes", respecto de los sobrevivientes, y en concurso real con "falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional".

"Quien mata por "placer", no es necesario que obre del modo como da idea la palabra impulso; puede actuar lenta y premeditadamente. Sólo es necesario que la acción sea inspirada por un placer antinatural en la destrucción de una vida humana como lo fue con la de Lucas y trató de serlo con sus amigos. No es indispensable que el placer sea el único factor que concurra para impulsar la acción", explicó Gómez Barbella en cuanto a este agravante en su resolución de 21 páginas a la que tuvo acceso la agencia Télam.

En cuanto al pedido de prisión preventiva, Gómez Barbella argumentó que "tratándose de personal policial cuentan con muchos elementos a sus alcances para fugarse y facilidades para permanecer ocultos", como así también tuvo en cuenta la "gravedad" de los hechos y la pena en expectativa.

En su dictamen, Gómez Barbella consideró que "la intervención policial ha estado marcada desde un inicio no sólo por la arbitrariedad sino también por una manifiesta ilegalidad, escogiendo el camino del delito para consumar una detención ilegal, matar a un joven e intentar matar a otros tres con sus armas reglamentarias, privarlos ilegítimamente de su libertad y falsear lo actuado en el hecho".

"Los elementos aunados en el expediente me permiten, por el momento, afirmar que los imputados interceptaron al vehículo de las víctimas con el rodado marca Nissan Tiida, descendieron armados y, pese a la corta distancia y no habiendo recibido ningún tipo de agresión por parte de las víctimas, efectuaron una cantidad significativa de disparos contra las zonas vitales de éstas", expresó el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Entre dichas pruebas se encuentran las declaraciones testimoniales de los tres sobrevivientes, quienes coincidieron en que "desconocían que los encartados fueran policías, pues jamás se dieron a identificar ni mostraron, no llevaban chalecos que los mostraban como tales, ni emitieron voz de ´alto policía´ ni emitieron sonidos de sirena policial. Más aún, cuando durante varias horas creyeron firmemente que habían sido asaltados y así lo transmitieron a sus padres.