La Corte Suprema ordenó seguir investigando al ex diputado Ricardo Troncoso en causa por contratos truchos en Entre Ríos

Ricardo Troncoso, ex diputado.

Tras un recurso de la Procuración General de Entre Ríos, la Corte Suprema revocó el sobreseimiento y ordenó que se siga investigando al ex diputado radical, Ricardo Troncoso, imputado de peculado en una causa por contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos.

El principal argumento de la justicia entrerriana para dar por cerrada la causa era que la Fiscalía no había pedido prórroga en la investigación, tal como lo establece el artículo 223 del Código Procesal Penal local.

Pero el Procurador General de la Provincia de Entre Ríos reclamó la intervención de la Corte Suprema. Sostuvo que el superior tribunal de justicia local había creado una causal de extinción de la acción penal no prevista en el Código Penal de la Nación. También cuestionó que se trataba de un supuesto de gravedad institucional porque de modo abrupto y sorpresivo implicaba el cierre de una causa de corrupción que podría arrastrar la responsabilidad internacional del Estado.

Ricardo Troncoso, ex diputado.

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La causa 

La causa investiga la presunta sustracción de fondos públicos por parte de Ricardo Troncoso en su carácter de diputado provincial de la Cámara de Diputados de Entre Ríos desde el diciembre de 2015 hasta el 20 septiembre de 2018. La denuncia fue motorizada por Carlos Cozzi, exempleado del diputado, que aseguró que el legislador se quedaba con el 70% de su salario.

La maniobra se habría llevado adelante mediante la suscripción de contratos de obra con Carlos Gabriel Cozzi, María Isabel Ruíz, Carlos Goyeneche, Silvano Acosta, Alexis Bolsan, Maira Perlo, Orlando Zalazar y Pablo José Zalasar. Pero, en realidad, la prestación nunca existió y así se confeccionaron cheques por pago, en algunos de los cuales se falsificaba la firma para endosarlos a fin de poder ser cobrados por Ruiz o Cozzi. Según la fiscalía, de esta manera Troncoso retenía para sí, en todo o en parte, el monto que se estipulaba en los contratos en concepto de honorarios o hacía que las personas contratadas le prestaran servicios personales.

La investigación se abrió en septiembre de 2018, se dispusieron varias medidas de prueba y allanamientos a la casa de Blasón Lorenzatto, colaborador de otro diputado. Los implicados solicitaron la suspensión del juicio y la fiscalía amplió la investigación y hubo nuevos llamados a declarar como acusados en 2020. En mayo del 2021, la fiscalía pidió mandar a juicio a Troncoso y Blasón Lorenzatto, quien ya había sido desvinculado por el juzgado de Garantías.

El 20 de mayo de 2022, la jueza de Garantías de Paraná dispuso el sobreseimiento para Troncoso y lo extendió a Blasón Lorenzatto. El juez de apelaciones primero y la Cámara de Casación Penal provincial después revocaron esa decisión.