Pedido de juicio político contra jueces que viajaron a Lago Escondido: el Gobierno lo hizo formal

Viaje de jueces y funcionarios. Foto: Télam.

Este lunes en horas de la mañana, finalmente se concretó el pedido de juicio político cursado por el Gobierno Nacional en contra de los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials.

Los magistrados han sido objetados por la Administración de Alberto Fernández por el viaje que hicieron juntos hacia la zona de Lago Escondido, en la Patagonia argentina, a la mansión de Joe Lewis, magnate británico que reside en esa zona del sur del país.

Gerónimo Ustarroz, quien es el representante legal del Poder Ejecutivo en el seno del Consejo de la Magistratura, hizo formal y concreto el pedido. El mismo es un escrito que consta de 16 páginas.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, presentó por Mesa de Entradas la nota en la que consideró “necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones”.

El documento presentado por Ustarroz dice en su párrafo más destacado: “Si bien no compete a este Consejo analizar si los hechos denunciados podrían constituir delito -lo que será analizado en sede penal- la responsabilidad política por la cual se interpela a los magistrados denunciados tiene como principal objetivo determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos”.

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Comportamiento de los magistrados

Entre tanto, el abogado del Gobierno recordó que la Constitución Nacional de 1860 estableció que “pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño porque perjudiquen al servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, en cuyo caso bastan para promover el enjuiciamiento”.

Luego de describir los detalles del viaje –del que también habrían participado el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques-, Ustarroz subrayó que “una sociedad mandante comprende que el magistrado no sólo debe preocuparse por ‘ser’ según la dignidad propia del poder conferido, sino también por ‘parecer’, de manera de no suscitar legítimas dudas acerca del modo en el que cumple el servicio judicial”.

“En el comportamiento del juez deberá primar una mirada social que anteponga el interés colectivo y común al particular o individual, como también un evidente e irreprochable sentido de independencia e imparcialidad en todo aquello en lo que por su función deba intervenir”, afirmó.

El representante del Ejecutivo en el Congreso describió la existencia de un “mecanismo” que buscó “influenciar indebidamente sobre el ánimo de los magistrados al momento de resolver en aquellas causas judiciales de su interés, ya sea como una contraprestación, o bien, por las resoluciones que estos habrían de dictar en el futuro”.

En ese contexto, recordó que la Ley de Ética Pública “prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.