Por fraude al Estado, procesaron a ex directivos K de ENARSA

El juez federal Julián Ercolini procesó este viernes al ex presidente de ENARSA Exequiel Espinosa y a y otros ex directivos de esa empresa estatal de energía que fue creada por el ex presidente Néstor Kirchner bajo el control del ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Fueron procesados por los delitos de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública y de negociaciones incompatibles con la función pública previsto en el artículo 265 del Código Penal.

En el texto, una resolución de casi 200 páginas publicada en el centro de información judicial que depende de la Corte, también se informó que Ercolini embargó los bienes de los procesados con cifras de hasta un 1 millón de pesos.

En ENARSA, uno de los llamados "agujeros negros de la corrupción K", también se encontró involucrada en la compra de gas natural líquido y gas oil, entre otras cosas judiciales. En dicha causa, la maniobra consistió en contratar sin licitación a una empresa que era propiedad de uno de sus directivos. El contrato era por 2 millones de pesos.

Fueron procesados por Ercolini: además de Espinosa, Claudio Miguel Fernández, Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola, Juan Carlos Teso, Marcela Alejandra Tagle, Rodrigo Maximiliano Palacios, Paula Gabriela Merlo y Juan Fernando Giovachini.

Esta causa de corrupción, se inició por una denuncia de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, en noviembre de 2012. Allí, aseguró que la encargada del área de Logística y Comercialización de Combustibles de ENARSA, ingeniera Marcela Tagle, hizo contratar a la empresa P&D Control Group SRL, a pesar de que era propiedad de uno de sus compañeros, Claudio Miguel Fernández, y de su esposa Paula Gabriela Merlo. Dicha contratación directa fue para trabajos de inspección en las plantas de combustibles Campana y de Dock Sud. Además, Tagle y otros cobraron honorarios por esas inspecciones que, incluso, se duda sí se hicieron.

Ercolini, aseguró en su resolución que si bien Fernández habría “dejado de pertenecer a ENARSA por el riesgo de contratarse a sí mismo, la empresa P&D Control Group S.R.L. habría continuado siendo beneficiada con condiciones se excedieron en razón de que, eludiéndose el proceso competitivo correspondiente y sin documentación que lo justificara”: “Se emitieron solicitudes y órdenes de compra a favor de la adjudicataria con posterioridad a la emisión de la orden de compra referida y se amplió el objeto del supuesto concurso de precios para la prestación de servicios en otra planta -Destilería Argentina de Petróleo S.A. (DAPSA)”.

También fueron hechos pagos respectivos a P&D Control Group sin que se acreditara “la efectiva prestación de los servicios por parte de la firma adjudicataria”.

Entre los documentos de la contratante, “no se localizaron registros de inventario ni reportes diarios de stock emitidos por P&D Control Group S.R.L. sumado a que se detectó que, la mayoría de los certificados de servicios emitidos por esa empresa, no se encontraban en los correspondientes legajos de pago y, en otros casos, no contaban con la conformidad de un representante de la planta refinadora ni del responsable del sector solicitante del servicio”, aseguró el juez de la causa.