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👉 El reciente asesinato de Andrea Vidal Gómez, una abogada de 28 años y extrabajadora del Congreso de Perú, destapó un escándalo de corrupción y abuso en el centro de una de las instituciones más importantes del país.
La letrada, quien falleció el pasado 17 de diciembre tras un ataque armado en el distrito limeño de La Victoria, habría sido víctima de una trama de prostitución sistemática operada desde el Parlamento.
El brutal atentado, en el que más de 40 disparos alcanzaron el vehículo donde viajaba, inicialmente fue atribuido a un ajuste de cuentas contra el conductor. Sin embargo, las investigaciones revelaron que el objetivo era Andrea, quien, hasta su despido en septiembre, trabajó en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, dirigida por Jorge Torres Saravia.
Este funcionario ahora enfrenta acusaciones graves que lo vinculan con una red de explotación sexual y corrupción política. De acuerdo con las revelaciones, Torres Saravia habría utilizado su posición para orquestar un esquema que incluía la contratación ficticia de mujeres bajo cargos administrativos.
Estas empleadas eran presuntamente forzadas a prestar favores sexuales a legisladores a cambio de influencias y votos clave en decisiones legislativas. La operación se desarrollaba en propiedades exclusivas alquiladas para reuniones privadas, donde se realizaban actos que ya son objeto de investigación por las autoridades.