Exalcalde de San Pedro Sula retorna a Honduras amparado en una polémica 'Ley de Impunidad'

Tegucigalpa, 18 ene (EFE).- El exalcalde de la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, Rodolfo Padilla, regresó este sábado al país luego de 15 años de exilio y ser beneficiado por la ley conocida como 'Pacto de impunidad'.

"Lo que puedo decir es un agradecimiento con la gente, con Dios, estoy muy contento y muy agradecido porque no todos los días Dios me da una segunda oportunidad, me siento alegre de volver", subrayó Padilla al salir del Aeropuerto José Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

Padilla, quien fue alcalde de San Pedro Sula entre 2006 y 2009, fue recibido por diputados y simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre, en el poder), cuyo coordinador es el expresidente Manuel Zelaya, quien es esposo y asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

Extraoficialmente ha trascendido que el partido Libre busca que Padilla se postule para la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula.

Padilla retornó a Honduras luego de ser favorecido por la "Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan", más conocido entre los hondureños como ‘Pacto de impunidad’, por considerar que bajo el paraguas de esa amnistía se ha favorecido a exfuncionarios que cometieron presuntos actos de corrupción durante el Gobierno de Zelaya (27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009).

El exalcalde era acusado por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos durante su gestión en la Municipalidad de San Pedro Sula, por lo que en 2017 se emitió una orden de captura en su contra.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de lo Penal anuló en noviembre de 2024 la orden de captura y le otorgó un sobreseimiento definitivo, aplicando la amnistía política establecida en el Decreto 04-2022.

La polémica ley fue promulgada por la presidenta hondureña en 2022 y concede "amnistía general, amplia e incondicional" a funcionarios, empleados o autoridades electas durante el Gobierno de Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, cuando le faltaban siete meses para finalizar su mandato.

La amnistía incluye a las personas que fueron "víctimas del golpe de Estado (a Zelaya), requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados".

También favorece a las personas que se manifestaron y fueron "reprimidas por acciones policiales y militares, y criminalizadas por el Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial por motivaciones evidentemente políticas".

La ley ordena que el Poder Judicial, Ministerio Público y dependencias policiales, militares y penitenciarias que tengan registros o antecedentes sobre las personas beneficiadas por la amnistía, deben "proceder al cierre administrativo de los mismos y al archivo de las diligencias". EFE

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