Buscan endurecer sanciones para usurpadores de tierras que invoquen falsamente ser mapuches

Conflicto en Villa Mascardi. Foto: Archivo.

Los diputados por Río Negro Agustín Domingo y Luis Di Giácomo presentaron un proyecto para endurecer las sanciones contra aquellos usurpadores que se escudan detrás de supuestas reivindicaciones ancestrales para apropiarse ilegalmente de espacios públicos y privados.

Uno de los planteos de los parlamentarios es modificar el artículo 181 del CP y modificar las penas cuando las usurpaciones sean producidas por grupos que invoquen injustificadamente derechos tradicionales sobre las tierras.

“Cuando la reforma habla de derechos tradicionales injustificados, hablamos de aquellos grupos que se esconden bajo una supuesta legitimidad de derecho tradicional, contemplado en la Constitución Nacional, para justificar estos actos de vandalismo", detallaron los autores.

En caso de que los actuantes pertenezcan legítimamente a comunidades mapuches, serán juzgados según la figura básica de la usurpación. Este proyecto se suma a uno previo que elevó el ex gobernador de Río Negro y actual senador Alberto Weretilneck.

“Somos testigos de cómo el derecho a la propiedad está siendo vulnerado. Por eso proponemos que se otorguen más facultades a nuestros jueces para que hagan respetar nuestra Constitución”, expresó Domingo.

Por su parte, Di Giácomo sostuvo que “la iniciativa busca fijar penas más duras y celeridad en los procesos de restitución a los damnificados”. “Hay que encontrar una solución de fondo al delito de las usurpaciones y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones”.

Los autores del proyecto endurecen con la modificación del artículo 181 las penas a quienes protagonicen las usurpaciones a través de violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad y la pena que prevén será de seis meses a tres años de prisión.

El proyecto estipula además sanciones más estrictas para quienes actúen de forma grupal con penas de 3 a 6 años de prisión, y de 1 a 4 para todos los demás participantes del delito.

Los funcionarios dijeron que entienden “las dificultades que existen en la actualidad para acceder a un inmueble, pero de ninguna manera” se puede “avalar un delito, sobre todo en casos donde grupos violentos se benefician de manera sistemática y dejan a los propietarios sometidos a desgastantes litigios”. 

“Claro que existe una necesidad de dar una solución al acceso a tierras, siendo el Estado el que debe garantizarlo, pero no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente, añadieron.

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Villa Mascardi

La usurpación de Villa Mascardi, que comenzó en 2017, es una de las de mayor notoriedad en la Patagonia Norte. La lleva adelante un grupo autodenominado mapuche aunque carente de inscripción y documentación que así lo certifique.

Los integrantes de esa agrupación provocaron serios destrozos en las instalaciones de Parques Nacionales, en dependencias de Gas del Estado, el Obispado de San Isidro y de varios particulares.