Toma de tierras: el gobierno argentino, con premios para los que delinquen

Se cuestiona cada vez más las decisiones del gobierno nacional, con incomprensibles ideologías, aspiraciones y liderazgos. Y uno de los temas más polémicos es el que se generó con la toma de tierras en el sur del país: uno es inmediaciones del lago Mascardi y el otro en predios del Ejército Argentino en inmediaciones de Bariloche.

Según se conoció, en los últimos días, la incomprobable comunidad mapuche Millalonco Ranquehue tomó unas 700 hectáreas de la Escuela Militar de Montaña llamada “Teniente General Juan Domingo Perón”. Uniformados facultados desalojaron de inmediato a los intrusos en la zona, pero horas después, el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, ordenó el repliegue de estos efectivos sus posiciones originales. 

Así, contradictoriamente en acción, el ministro dio instrucciones precisas, ordenando al Ejército que no ocupe terrenos federales, que pertenecen a la fuerza y los okupas quedaron en el lugar. Peor aún, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) lo convenció de disponer la retirada.

Según se dice, al parecer el Instituto reparte propiedades públicas con discreción, aunque estas ya tengan dueño y no exista una ley que ampare las transferencias dispuestas. Una medida cuestionada, polémica y que seguiría generando conflictos mayores.

Mientras que en lo referido a los terrenos en Villa Mascardi, se sabe que es un conflicto de larga data. Ahora, sumó una cuestionada iniciativa de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic que quiere ceder siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi a la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Dicha comunidad usurpa 30 hectáreas en el sector desde 2017. La decisión es a cambio de que sus militantes suspendan de manera definitiva cualquier tipo de ataque o actividad violenta contra los vecinos o sobre la ruta 40.

Premiar a los que delinquen. Esa es la acción reiterada. Preocupante, porque apoyo tanto el ataque a la propiedad ajena (pública o privada) como las amenazas como instrumento para lograr fines ilícitos. Cuestionable desde cualquier punto de análisis. 

Situaciones reiteradas que preocupan ya que son grupos organizados que dicen pertenecer a una comunidad con derechos ancestrales. De esa manera, ocupan ilegalmente tierras sin papeles que avalen lo que afirman.

Como si fuera poco, son los propios vecinos los que denuncian que son extorsionados. Atropellos reiterados sin encontrar camino en la Justicia porque funcionarios, jueces y fiscales se revolean el conflicto sin hacerse cargo de los mismos.

Frederic quiere ceder tierras que pertenecen a todos los argentinos a cambio de una paz en la zona, sin conflicto con los ocupantes ilegales. El gobierno da vía libre a estas acciones que en otras naciones serían llevadas ante un tribunal o generarían la renuncia de los propios funcionarios que tomen las decisiones. Y las fuerzas de seguridad, mientras tanto, custodian a los delincuentes por las decisiones con convencimiento del gobierno actual.