La jueza Servini de Cubría realizó diversas inspecciones en la prepaga del Poder Judicial. Como consecuencia del episodio, dos directivos de Ospjn dieron un paso al costado. La presunta sobrefacturación se habría dado en la sección odontología.
Por Canal26
Lunes 9 de Julio de 2007 - 00:00
La jueza María Servini de Cubría investiga desde hace dos meses un fraude millonario en la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn), un organismo de la que depende de la Corte Suprema y que brinda cobertura médica a todos los funcionarios y empleados de la Justicia nacional, porteña, del Ministerio Público, de la Defensoría General y del Consejo de la Magistratura.
La presunta maniobra de la obra social, que tiene 76 mil afiliados, consistía en la sobrefacturación o intervención de prestaciones por parte de un grupo de dentistas que, según declararon en una investigación interna, actuaban en connivencia con funcionarios del organismo, a los que debían entregarles la mitad del botín.
Las dos primeras personas cesanteadas fueron Eduardo Bazerque, que se desempeñaba como jefe y auditor de la sección odontológica, y Elsa Sosa, de la sección facturación. Según las primeras investigaciones, la defraudación supera los $ 2 millones.
La denuncia fue efectuada el 16 de mayo por el director general de la obra social, Hugo Destouches, luego de haber recibido un informe de la asesoría jurídica. Esa pesquisa fue impulsada por Ricardo Podestá, ex contador del organismo que ya prestó declaración ante Servini de Cubría.
En el informe, caratulado como “Investigación administrativa sobre facturación sección odontológica”, se detallaba que en 2006 algunos dentistas habían multiplicado su facturación en forma llamativa y sin la documentación necesaria.
Un caso testigo es el de la odontóloga María Pintado Rueda, que pasó de facturar $ 26.500 en 2005 a $ 439.000 en 2006, según información aportada a la causa desde la obra social. Otro dato llamativo es que, luego de iniciada la investigación interna, Pintado Rueda no reclamó el cobro de su última prestación, por la que había facturado $ 62.246.
La odontóloga es uno de los cuatro profesionales que admitieron la maniobra irregular. Admitió que el trato era que debían entregar el 50% de lo percibido por las prestaciones sobrefacturadas o inventadas a Sosa, que todos los meses pasaba pos su consultorio. Algunos de los testimonios, detallaron que el encargado de ir a buscar el dinero era el hijo de la funcionaria.
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