Justicia ordena detención de trapitos y manteros en la Ciudad

La Policía de la Ciudad podrá detener y encarcelar a cuidacoches y vendedores ambulantes que tras ser advertidos de cesar su actividad, sean nuevamente encontrados en flagrancia. Lo determinó la Justicia porteña.

Luis Cevasco, fiscal general adjunto a cargo de la fiscalía general, emitió la resolución 552/2018 donde se detalla el proceder de fuerzas policiales con manteros y trapidos.

El artículo 79 del Código Contravencional porteño, explica que un "trapito" puede ser detenido cuando se demuestra que "exige retribución" por el estacionamiento o cuidado de un coche en la vía pública. Esto podría cambiar cuando la Legislatura trate una modificación del código promovido por el Poder Ejecutivo para punir a quien "ofrece" el cuidado del vehículo o vende en las veredas.

Anticipándose a la segura aprobación de los cambios, Cevasco estableció que "las personas que incurren persistentemente en conductas contravencionales flagrantes", como los trapitos, manteros y otros vendedores ambulantes, a las cuales no se podía detener, sean ahora sometidas a lo dictado por el artículo 239 del Código Penal, de alcance nacional, que establece la "prisión de 15 días a un año al que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones".

Sobre los trapitos, Cevasco estableció que "quien ejerce la actividad de cuidacoches en el espacio público de manera lucrativa" queda alcanzado por el artículo 84 del Código Contravencional, que castiga la ocupación de la vía pública en ejercicio de una actividad lucrativa, y resolvió que "se deben labrar actuaciones según el artículo 149 bis del Código Penal", que fija pena de seis meses a dos años de prisión, ampliable a cuatro años si se "hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".

La bancada de Unidad Ciudadana y el Bloque Peronista de la Legislatura porteña emitieron un dictamen de minoría pidiendo el archivo del proyecto de Rodríguez Larreta por considerar que lo que se planea tratar este jueves "constituye una de las modificaciones más regresivas de la normativa contravencional porteña promulgada en el año 2004".

El dictamen de minoría también alerta sobre la "mayor discrecionalidad" que se otorgaría a la Policía de la Ciudad a la hora de intervenir y critica "el perfil represivo que ha adquirido esta fuerza", a la vez que "deja al descubierto la definición del Poder Ejecutivo de reforzar el mandato punitivista".