El país europeo solicitará intervenir en el caso de genocidio que inició Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, contra las acciones israelíes en la Franja de Gaza.
Por Canal26
Jueves 6 de Junio de 2024 - 13:03
España anunció que se une al procedimiento abierto por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en las operaciones de la ofensiva militar en la Franja palestina de Gaza.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, explicó que la decisión de sumarse a la acusación de Sudáfrica contra el Estado judío tiene que ver con la apuesta española por lograr la paz en Oriente Medio.
Igualmente, este paso dado por el Gobierno que preside Pedro Sánchez, significó múltiples preguntas relacionadas con el alcance de procedimiento abierto por la CIJ y el lugar que ocupará España en el mismo, entre otras.
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La CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas (ONU) y se encuentra ubicada en La Haya, Países Bajos. Tiene la función de resolver disputas legales entre Estados miembros y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones legales planteadas por órganos y agencias especializadas de la ONU.
La Corte está compuesta por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, y sus decisiones son vinculantes para los Estados involucrados en los casos que se le presentan. Su objetivo principal es promover la paz y la justicia internacional mediante la resolución pacífica de conflictos entre Estados.
Teniendo en cuenta la importancia del tribunal, España tomó la decisión de unirse al procedimiento para fortalecer a Naciones Unidas, apoyando el papel de su tribunal y las medidas cautelares dictadas por el mismo.
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La intervención se sustancia, según explicó José Manuel Albares, con la presentación de un primer documento breve, en el que se anuncia la intención de España de intervenir; le sigue otro más extenso, que se está terminando de preparar por el Ministerio de Asuntos Exteriores y que contendrá los elementos interpretativos para ayudar a la CIJ a dictar sentencia y tomar medidas cautelares.
Igualmente, este procedimiento es distinto al que se sigue en la Corte Penal Internacional, con la que España también colabora, ya que en ese caso se trata de un tribunal penal que juzga a individuos por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, mientras que los casos que dirime la CIJ afectan a países.
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El pasado 29 de diciembre, Sudáfrica, cuyo Gobierno fue históricamente un firme defensor de la causa palestina, presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por genocidio en la Franja de Gaza.
Tras la demanda, la corte de La Haya dictó el 26 de enero medidas cautelares contra Israel para pedirle pasos "inmediatos y efectivos" que impidan la comisión de un genocidio en Gaza y que castigue cualquier incitación al exterminio de los palestinos de la Franja, aunque no le exigió un "alto el fuego", como había solicitado Sudáfrica.
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A esta resolución le siguieron otras medidas cautelares que, si bien fueron ignoradas por Israel, se aplican mientras se resuelve el fondo del procedimiento iniciado contra el Estado judío; las mismas no son una sentencia sobre el caso en sí, algo que tardará años en llegar.
El pasado 24 de mayo, la Corte Internacional dio un paso más al exigir a Israel “detener de inmediato su ofensiva militar” en Rafah, de donde ya huyeron más de un millón de gazatíes. El fin era evitar “la destrucción física total o parcial” de los palestinos de Gaza como grupo protegido por la Convención contra el Genocidio.
Al mismo tiempo, pidió la liberación inmediata de los rehenes secuestrados durante el ataque cometido por el brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron asesinadas unas 1.200 personas.
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