"El zorro está cuidando el gallinero": el escándalo por el desmonte de Chaco y su trasfondo político-empresarial

Deforestación en Chaco. Foto: Reuters

La Justicia hizo lugar a la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y frenó por tres meses el desmonte en el Chaco por una serie de irregularidades en su avance.

Ante esto, Enrique Viale, presidente de la AAdeAA, dio una seri de detalles sobre la denuncia y apuntó contra la política chaqueña, diputados y empresarios, todos vinculados a una situación que afecta con dureza al medio ambiente.

 

 

 

 

 

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En primer lugar, Viale señaló la connivencia del ministro de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de Chaco,  Hernán Halavacs, a quien calificó como el "dueño de la motosierra de Chaco" y también como el "lobo dentro del gallinero" en una entrevista vía streaming.

A la hora de hablar sobre la pata empresarial y su vínculo con el legislativo provincial, el letrado señaló a Atlanto Honcheruk, "empresario de mucho dinero en la provincia que maneja el transporte forestal de la provincia" y también parte de la Legislatura en Resistencia. Un claro conflicto de intereses.

Deforestación y desmonte en Chaco. Foto: Greenpeace.

En su señalamiento acerca del ministro chaqueño, el presidente de la AAdeAA explicó muy claramente la importancia del cuidado medioambiental y la maniobra realizada en la provincia, en la que se modificó arbitrariamente las zonas en las que se puede o no desmontar. "Hay un 'semáforo' en cada provincia en relación a un mapa: rojo, verde y amarillo. Así se pintan los bosques en nuestro país. Los rojos y amarillos no se pueden talar, los verdes, si. Ante esto, cientos de miles de hectáreas que estaban en amarillo, las pasaron a verde".

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Los apuntados en la denuncia que frenó el avance sobre las tierras chaqueñas

1. Hernan Halavacs. Actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. Previo a ser funcionario público fue el Ingeniero Agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia. Tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte.
2. Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014. Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público.
3. Atlanto Honcheruk. diputado provincial y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia.
4. Miguel Ángel López. ex-Director de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS
5. Ana Victoria Hupaluk. Empresaria maderera y carbonera. En uno de sus campos encontraron a 76 personas haciendo trabajo esclavo, incluyendo niñxs.. Socia de Miguel Angel lopez en el aprovechamiento de Tria S.A. A la cual el mismo Lopez entregó parcelas. Tienen relaciones comerciales con Halavacs.
6. Adolfo Eduardo Hupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones. Socio de Ana Victoria. Uno de sus campos fue quemado por completo después de haber sido denunciado en audiencia pública.
7. Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU

Deforestación y desmonte en Chaco. Foto: Greenpeace.

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¿Qué delitos se imputan?

Entre los delitos específicos cometidos se especifican: defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideologica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilícita. Todos previstos en el Código Penal.

Se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados.

Además, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público, tipificados en el artículo 292 del Código Penal. Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales.

Se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino.