La pesca de arrastre y cambio climático: por qué la Ley Ómnibus no protege el mar argentino

Pesca de arrastre. Foto: Unsplash

Argentina se encuentra comprometida en proteger el 30% de su superficie marítima para el año 2030, situación a la que se pretende llegar creando zonas protegidas de la amenaza extractiva, que puede provocar un ecocidio.

Según un estudio publicado en la revista Frontiers in Marine Science, la pesca de arrastre es responsable de la emisión a la atmósfera de hasta 370 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, lo que la convierte en una práctica destructiva tanto para la vida oceánica como para el clima.

Con el fin de detener esta práctica perjudicial, los compradores podrían esforzarse por eludir en el supermercado el pescado atrapado con arrastre de fondo, aunque esto posiblemente no tenga un impacto significativo, dado que el propósito debe ser lograr que las áreas protegidas prohíban completamente esta técnica de pesca.

Pesca de arrastre. Foto: Unsplash

La conversación está empezando a surgir en Argentina. Un sector del ecologismo y de la política está trabajando para que el tema finalmente sea objeto de debate. "Lo más coherente sería vedar la pesca de arrastre de fondo en las áreas marinas protegidas", afirma Enric Sala, ecólogo marino, explorador residente de National Geographic en diálogo con Clarín. Sin embargo, nuestro país presenta su propio contexto particular, con una Ley Ómnibus que intentó modificar el sistema pesquero.

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Conflicto con la Ley Ómnibus

Por presión de la industria y de las provincias costeras de la Patagonia, el Gobierno aceptó derogar los artículos que generaban rechazo, lo cual generó un gran debate público y parlamentario. Es que para los pesqueros, la ley impulsada por Javier Milei "remataba el mar argentino", concediéndoselo a los chinos, que acechan en la milla 201. Además, los trabajadores entendían que, con la ley, se abandonaban los puertos argentinos y se remataba la zona exclusiva económica.

En diálogo con el anterior medio mencionado, un experto del sector explicó: "La base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita. Así, un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde".

Pescados, pescadería. Foto EFE

"Este es uno de los problemas que urge resolver. De esta manera el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras, incrementando los aranceles que pagan las empresas. Una gran confusión se produjo como consecuencia de la incorporación de la palabra internacional en el sistema de asignación de cuotas aun cuando el proyecto no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera. Eso fue corregido", agregó el analista.

Respecto al proyecto inicial, también se modificó el artículo 7 y se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley N° 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina, situación que significa un alivio para la industria local, pero que mantiene la incertidumbre sobre la protección de un recurso finito.

Según Leandro Calvo, abogado y secretario de la fundación Misión Atlántico, "se necesita mejorar las pesca que tenemos. No profundizar el extractivismo. Necesitamos un cambio que vaya a la sostenible, con artes de pesca menos dañinas para el ambiente. Nuestro objetivo de máxima es crear un área marina protegida. Argentina tiene compromisos internacionales en ese sentido y deberá cumplir para no chocar, entre otras cosas, con mercados que exigen el respeto por el medio ambiente. Salvar el mar es salvar también el negocio de la pesca".