Allanan locales de una de las cadenas de comida rápida más famosas: armas, dinero en efectivo y empleados no registrados

Algunas de las pertenencias secuestradas en el allanamiento. Foto: PFA.

Luego de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), la justicia realizó allanamientos en trece locales,  ubicados en Pilar y San Martín, de la cadena de comida rápida “Sabores Express”. En el operativo, llevado a cabo por el área de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, se registraron irregularidades laborales y tres cajas fuertes con contenido cuanto menos polémico.

Se encontraron 257 trabajadores no registrados, en situación de informalidad laboral. Luego de que muchos de ellos declararan estar trabajando “en negro” durante años, en el domicilio que funciona como sede administrativa del grupo "Sabores Express" se hallaron tres compartimientos de seguridad. 

La cadena que fue allanada. Foto: X @porqueTTarg

Una vez abiertas, se incautaron 400 millones de pesos, 13.000 dólares, documentos contables y armas de diferentes calibres. Este descubrimiento plantea interrogantes sobre el origen y el destino de esos fondos, así como sobre posibles vinculaciones con otras actividades ilícitas.

Las armas incautadas se encontraban en buen estado de conservación y podrían incluirse como evidencia para evaluar si las mismas se relacionan con delitos adicionales, más allá de las irregularidades fiscales y laborales.

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La curiosa modalidad de la empresa de comidas rápidas para evitar controles

El mecanismo identificado por la DGI como parte del esquema delictivo se basó en la creación de supuestas franquicias. Las autoridades detectaron que personas que en realidad eran empleados de la cadena figuraban como franquiciados para eludir la obligación de registrar la relación laboral formalmente.

Durante los allanamientos, los equipos policiales y especialistas revisaron documentos y computadoras, realizando copias de información clave.

Así, el grupo empresarial investigado no solo enfrenta acusaciones por evasión previsional y laboral, sino también por el posible ocultamiento de ingresos que derivó en el secuestro de importante documentación fiscal y financiera. Las facturas y los registros secuestrados serán objeto de un análisis detallado por parte de los peritos judiciales.