El Gobierno no muestra apuro en nombrar a los directores del Banco Provincia y los vocales del Tribunal de Cuentas. Reconocen que esas discusiones se darán en el marco de las negociaciones por la Ley de Leyes del año que viene, a tratarse en la Legislatura entre octubre y diciembre. La oposición busca apurar, pero Vidal no cede.
Por Canal26
Martes 12 de Junio de 2018 - 21:49
Contar con mayoría propia pero sin los dos tercios en el Senado, y no tener el quórum propio en Diputados obliga a Cambiemos a negociar cada una de las leyes importantes. La última muestra fue la normativa que baja impuestos a las tarifas de luz y agua, y por la cual el oficialismo debió ceder en su proyecto original para conseguir los apoyos del Frente Renovador y de una pata del peronismo.
Como ya se dijo en este medio, la negociación política con Sergio Massa y los intendentes dialoguistas tuvo compensaciones para estos espacios: el massista Juan Amondarain llegó esta semana al directorio del Grupo Provincia, y el senador peronista Gustavo Soos se quedó con la silla en el Consejo de la Magistratura que reclamaba el kirchnerismo, que tiene una bloque más numeroso en el Senado que el de los intendentes.
En medio de esas negociaciones por las tarifas, el jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, le reclamó a Vidal los nombramientos en el Tribunal de Cuentas, donde hay vacantes tres vocalías. La Gobernadora, le dejó en claro que no se dejaría apurar por nadie. Ni por ese ni por otro tema.
Fuentes de la Gobernación le reconocieron a La Tecla que, pese a la falta de quórum en el Tribual de Cuentas, no hay apuro para nombrar a los vocales faltanes: el que se encarga de auditar la administración central y los dos responsables de controlar a los miunicipios. También reconocen en el Gobierno que esos asuntos serán tratados en momentos de discutir la votación del Presupuesto 2019.
En el mismo combo ingresan los directores del Banco Provincia, en este caso los cuatro que debieron renovarse en abril de este año, más el lugar que dejó vacante la renuncia del ahora diputado nacional massista Daniel Arroyo.
Las ocho sillas en cuestión (tres del Tribunal de Cuentas y cinco en el Directorio del Banco) y probablemente el lugar vacante en la Suprema Corte de Justicia, entrarán en la negociación política que el oficialismo ofrecerá para avanzar en la Ley de Leyes del año que viene, fundamental para terminar con obras que Cambiemos quiere inaugurar antes del período electoral.
El Presupuesto y la Ley Impositiva serán puestos en consideración de los legisladores aproximadamente en octubre, y la intención es que estén convertidos en ley antes del cierre de las sesiones ordinarias el 30 de noviembre. Para no tener sobresaltos, Cambiemos necesita encontrar aliados que no sólo le garanticen mayoría en ambas Cámaras, sino también alcanzar los dos tercios que se necesitan para modificar impuestos o pedir endeudamientos, entre otras cosas.
Con Unidad Ciudadana totalmente enfrentada al Gobierno y en una postura de no votar absolutamente nada de lo impulsado por el oficialismo, las alternativas vuelven a ser los bloques del Frente Renovador y que responden a los intendentes (a los que en Diputados deben sumarse las bancadas más pequeñas con anclaje en el peronismo).
Entonces, las piezas de intercambio serán las vacantes en el Tribunal de Cuentas y en el directorio del Banco Provincia, cargos que debe aprobar el Senado. Tanto desde el massismo como desde el espacio comandado por los intendentes dialoguistas pretenden esos espacios. También hay reclamos desde el kirchnerismo.
Por caso, la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, Teresa García, ya se quejó por las demoras en los nombramientos el órgano de control. “En los últimos dos años, el Tribunal de Cuentas se vació y la Gobernadora tomó la decisión de no enviar los pliegos al Senado para que sus integración se complete. Hay una decisión deliberada del Ejecutivo que busca desactivar los mecanismos de control sobre sus gastos para darle vía libre a Vidal”, expresó la legisladora.
Tampoco el oficialismo cederá todo y reservará algunos sitios para gente afín. En ese sentido, se ratificó nuevamente que no hay intención por parte del Ejecutivo en nombrar como vocal del Tribunal de Cuentas a María Fernanda Inza, actual Secretaria Legal y Técnica de la Gobernación. Hubo en los últimos meses algunas versiones que la ubicaban en la vocalía que audita a los ministerios y la gobernación, vacante desde el fallecimiento de Cecilia Fernández en septiembre de 2016. (Fuente La Tecla Info)
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