Causa peajes: Canicoba Corral procesó a Guillermo Dietrich por irregularidades

Guillermo Dietrich, NA.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy al ex ministro de Transporte macrista Guillermo Dietrich por administración fraudulenta, a raíz de la renegociación de los contratos de autopistas y le trabó un embargo de 500 millones de pesos.

La medida se produjo luego de que fuese indagado Dietrich el pasado viernes y en el día en que se le toma indagatoria por videoconferencia al ex ministro de Economía Nicolás Dujovne.

Este nuevo procesamiento se suma al que resolvió días atrás sobre el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro durante el macrismo Bernardo Saravia Frías, a quienes fijó embargos a cada uno de 500 millones de pesos.

La denuncia tuvo origen en la investigación que hicieron los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, donde acusaron no sólo por las irregularidades de los contratos que tenían vencimiento en 2030, sino también por el pago de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en la empresa Ausol a la firma Natal Inversiones.

La investigación es sobre los concesionarios de la autopista Panamericana y el Acceso Oeste.

"Las pruebas colectadas en la presente investigación resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes- públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso(tratativas para la renegociación del contrato) que tuvo como fin la firma de los Acuerdos de Renegociación Integral del Contrato de Concesión de Acceso Norte y de Acceso Oeste los que resultaron contrario a las normativas vigentes y perjudicial para la arcas del Estado", sostuvo el juez en su fallo.

Los acuerdos fueron suscriptos con fecha 26 de junio de 2018, entre la firma Autopistas del Sol S.A, en el caso de Acceso Norte, y Grupo Concesionario Oeste S.A., para el caso de Acceso Oeste, ambas representadas por Andres Barberis Martin y por el entonces Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Javier Dietrich.

"A todas luces, estos contratos de renegociación contractual, transformaron el objeto por el cual , se iniciaron estas negociaciones, luego de la crisis económica del 2001, cuyo fin era una reconversión del Plan Económico Financiero, concluyendo en nuevos contratos de concesión con condiciones absolutamente favorables para las empresas concesionarias, y dan cuenta de claras maniobras delictivas llevadas a cabos por los funcionarios públicos y empresarios intervinientes, quienes violando las leyes y normativas vigentes y persiguiendo fines de lucro para si o para terceros, incumplieron el deber de resguardo y protección de los intereses del Estado Nacional, función que les competía a los funcionarios imputados, conforme el cargo público que desempeñaban", concluyó el magistrado.

Los funcionarios "fueron parte de la ejecución de un complejo engranaje de maniobras diferentes, pero todas ellas destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios, quebrando para ello la confianza depositada conforme la función pública que desempañaban y en palmario desmedro de las arcas del estado".

EL ESCRITO DE DIETRICH

El exministro de Transporte de la Nación presentó un escrito y se negó a responder preguntas el pasado 24 Julio por las irregularidades en la renegociación de los peajes durante el macrismo.

Dietrich hizo el trámite mediante videoconferencia por la plataforma Zoom ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que tiene a su cargo el caso. El exministro envió al juzgado una presentación escrita en la que negó haber cometido los delitos que se le imputan, fundamentó su rechazo a las acusaciones y así dio por cumplida su indagatoria.

Se debaten en este caso las irregularidades en la prórroga de los contratos de concesión a Ausol y Grupo Concesionario Oeste, por los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste.

Según el juez, los funcionarios del gobierno de Macri "actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas", lo que “generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso".

Tal como se desprende de la resolución de procesamiento de los ex funcionarios, está acreditado, al menos en esta instancia del proceso, que "existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina" entre los funcionarios y empresarios para beneficiar a Autopistas del Sol S.A. -cuya accionista era la empresa del entonces presidente Mauricio Macri- y al Grupo Concesionario del Oeste.