De Vido hizo pagar U$S 70 millones por un gasoducto que nunca se hizo, a ocho días de dejar el poder

Julio De Vido, ex ministro de Planificación, ha utilizado como defensa por las causas de corrupción que él no firmó los contratos cuestionados. Pero después de investigaciones se encontró su firma en un polémico contrato para la construcción de un gasoducto en San Cruz por 218 millones de dólares.

El contrato se negoció sin licitación pública, sin auditorías y “con sobreprecios” en las últimas semanas del gobierno de Cristina Kirchner. Además, se le entregó a la empresa BTV un adelanto de 70 millones de dólares el 2 de diciembre del 2015 sin que la obra, hasta el momento, haya comenzado, entre otras irregularidades.

Clarín adelantó que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, denunciará el lunes ante la justicia federal a De Vido, al ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a los ex secretarios de Energía Daniel Cameron y Mariana Matranga, al ex titular del ENARGAS, Antonio Pronsato y al presidente de la empresa BTU, Carlos Mundin. La denuncia incluye a los ex miembros de Nación Fideicomisos Enrique Arceo, Gabriel Camilletti, Daniel Celestino Fernández, Roberto Mandolesi, Daniel Moreno, Patricia Finvarb, Marias de las Mercedes Archimbal, Cecilia Carabelli, Federico Marongiu, María Suárez Villabona y Federico Casanovas y a los directivos de la empresa estatal Distrigas Oscar Riego y Segundo Santana.

La empresa BTU ya había sido investigada, como subcontratista en las causas Skanska y Odebrecher.

Las obras en cuestión tenían como objeto el abastecimiento de gas natural a 2.500 usuarios de pequeñas localidades del norte de la provincia con el fin de sustituir el consumos de gas licuado propano por redes (GLP) por gas natural y evitarle así al Estado Nacional el pago de subsidios a perpetuidad que hacía del precio a granel del gas propano.

La OA (Oficina Anticorrupción) sostendrá que “desde su inicio, las partes dispusieron cambios en el proyecto original que implicaron una alteración de su objeto, un aumento injustificado de precios y alteraciones en las condiciones de emisión de los instrumentos de financiamiento que tuvieron como objetivo defraudar al Estado Nacional y beneficiar a quienes formaron parte de la obra”.

Las fuentes comentaron que, tras las renegociaciones, el nuevo valor base del contrato en la etapa III, medido en dólares, "fue 771 % mayor que el monto consignado en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Locación de Obra de 2005".

Para la OA hubo sobreprecios en, por ejemplo, la proyectada movilización para llevar los equipos al norte de Santa Cruz. Este ítem fue presupuestado “globalmente” en la suma de U$S 8.701.791 “sin haberse aportado copia del presupuesto desagregado y desconociéndose como se hizo la estimación de un valor derivado de un proceso de evaluación propio”. Otro fue en el rubro “equipos y herramientas menores y carpas para soldar” al que se le asignó U$S 948.008 a razón “de 17.775 U$S/carpa-mes” sin proporcionase detalles del cálculo. "Mucho más caro que una carpa en la Bristol en plena temporada", dijo con ironía una fuente judicial.