El intendente de Pinamar Martín Yeza en jaque por un escándalo con el robo de “Tarjetas Alimentar”

Martín Yeza, intendente de Pinamar envuelto en un gran escándalo.

Una investigación especial de la periodista Patricia Blanco para el portal Infobae, reveló que el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava citó a indagatoria para el próximo jueves al intendente macrista de Pinamar Martín Yeza, en el marco de una causa que investiga cómo se robaron “Tarjetas Alimentar” de la sede de la municipalidad, revelaron fuentes judiciales. Un dato que no pasó inadvertido fue la fecha en que eligió el juez para citarlo: lo convocó para el jueves a las 12.30. El mismo día, Bava espera al ex presidente Mauricio Macri para que declare, como sospechoso en el marco de la causa que investiga el espionaje a familiares de las víctimas de Ara San Juan.

En la investigación periodística habla en profundidad del caso de las “Tarjeta Alimentar” en Pinamar que había apuntado contra los ladrones de las tarjetas -la secretaria de una funcionaria- y los que aparecían cobrado los beneficios. Sin embargo, ahora, el juez Bava activó una segunda parte de esa investigación en búsqueda de responsabilidades políticas en esa presunta malversación de fondos del Estado.

Hace unos días, el juez procesó a dos funcionarios de Pinamar por presunta negligencia o imprudencia frente a ese robo que provocó una defraudación de dos millones de pesos. Una de las procesadas era la denunciante de la causa. Y ahora citó a indagatoria al intendente Yeza para que dé explicaciones sobre por qué no habría dictado medidas en el marco de su cargo frente a este causa.

La convocatoria es para el mismo día en que fue citado a declarar Mauricio Macri, en otra causa. Macri se encuentra en el exterior y su entorno ya informó que solicitará una postergación.

En enero de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación creó el Plan Nacional “Argentina contra el Hambre” y entregó las llamadas “Tarjeta Alimentar” que están destinadas a familias vulnerables. El único autorizado para usarla era el titular de la tarjeta, para comprar alimentos. El Estado giraba a distintas entidades bancarias asignadas el dinero. Una vez dado de alta un beneficiario en el Programa Nacional Alimentar, se informaba la situación a la entidad bancaria que corresponda para que imprima la tarjeta a nombre del beneficiario.

Pero en marzo del 2021 la ex secretaria de Desarrollo Social, Nora Ponce, presentó una denuncia por presuntas irregularidades en el reparto de esta asistencia social oficial. Y hubo allanamientos y detenciones. ¿Por qué? Porque se corroboró que se habían robado tarjetas y se las habían dado a comerciantes amigos para “vaciarlas”.

El eje de la acusación era Andrea Ríos, de 52 años, la secretaria de Nora Ponce que -afirmó la acusación- se apoderó de al menos 55 tarjetas del programa ALIMENTAR del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cuando le tocó declarar, Ríos rechazó los cargos. Afirmó que “nunca tuvo en su poder las tarjetas, que nunca las sacó de la oficina, que la tarjetas las manejaba directamente ‘su jefa’, la Sra Nora Ponce, quien las tenía en una caja que ella (Ponce) llevaba y traía permanentemente”. Ríos esquivó las imputaciones diciendo que en un momento dado “la caja con las tarjetas (que tenía Ponce) quedaron debajo de la escalera ‘a disposición de cualquiera’”.

La justicia también procesó a José “Pepito” Fons, marido de Ríos, a Nicolás Ambao, Carlos Fabian Rosas, y Diego Borea, de 40 , que trabajaba como sereno en una empresa de logística, fueron claves a la hora de usar las tarjetas “falsamente” en comercios a “través de múltiples operaciones”. Vía “Naranja pos” registraron un gasto de $ 592.000 y en “Terminal Posnet” se apropiaron de de $1.500.000. Todo fueron acusados por defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita.

Pero cuando la causa parecía encaminarse hacia juicio oral, el juez Bava activó la indagatoria de Javier Simón Tumas y Nora Analía Ponce, acusados de haber llevado adelante actos que, por acción o negligencia, permitió que ese grupo de personas se apoderara de dinero del Estado.

En el fallo al que accedió Infobae, Bava aseguró que que como Secretario de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes de la Municipalidad de Pinamar Tumas “omitió realizar los deberes propio de su cargo y omitió controlar adecuadamente a un dependiente que estaba bajo su órbita jerárquica (Nora Ponce) quien tenía a su cargo la ejecución, implementación y entrega de los plásticos de débito del programa Tarjetas Alimentar a sus beneficiarios”.

El fallo añadió que Ponce, mientras se desempeño como Directora de la Dirección de Gestión y Control Territorial dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes de la Municipalidad de Pinamar (diciembre 2019/febrero 2021) deliberadamente omitió realizar los deberes propio de su cargo y deliberadamente omitió custodiar las “Tarjetas Alimentar” del programa “Programa Alimentar” relativas al Plan Nacional “Argentina Contra el Hambre” que debía entregar a sus beneficiarios, permitiendo que terceras personas (entre ellas Andrea Ríos) sustrajeran los efectos y caudales cuya administración y custodia estaban confiadas en función de su cargo”.

En su indagatoria, Ponce negó los hechos, explicó que “por pedido del Intendente administró y ejecutó la entrega de las tarjetas el ‘Programa Alimentar’”, subrayó que ella no se apropió de los fondos y que desconocía quién los tomó. También resaltó que tuvo las tarjetas dentro de la esfera de su custodia personal (las llevaba consigo a su casa) hasta que en el mes de octubre del 2020 sufrió un robo (o intentos de robo) y decidió dejarlas en la Dirección, debajo de una escalera, la que si bien estaba en un lugar “no visible” y era inaccesible para el público, reconoció que estaba sin custodia y al alcance de todos.

En noviembre una persona se presentó a reclamar su tarjeta y a raíz de eso constató que varias de las tarjetas que estaban para entregar tenían “irregularidades”: registraban consumos que no fueron hechos por sus titulares. Fue por eso que se reportó la situación al Ministerio der Desarrollo Social de la Nación, al Banco Provincia y a la asesoría Letrada de la Municipalidad, situación que derivó en la denuncia penal.

“La Sra. Ponce era la responsable del programa “Tarjetas Alimentar” y quien tenía a resguardo los plásticos, como también todos contestaron que Tumas era quien debía vigilar y controlar esa gestión (y no lo hacía)”, dijo el fallo. “No hay dudas en cuanto al alcance y deberes que pesaban sobre la Sra. Ponce, como tampoco la obligación que asumió de custodiar y resguardar las “Tarjetas Alimentar” que recibió del Banco Provincia para entregarlas a sus beneficiarios. Así las cosas, entiendo configurado un grave y deliberado incumplimiento al deber de resguardo y custodia que pesaba sobre la Sra. Ponce en su rol de funcionaria pública a cargo de la Dirección de la DGDCT, pues -como se ha dicho- los consumos de saldos de las tarjetas involucradas (al menos 55) fueron realizadas por parte de terceros (y no por parte de sus titulares) cuando ellas estaban en la esfera de custodia”.

Lo mismo corrió para Tumas que, “en su rol de funcionario público a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes” , dijo el fallo, “no efectuó las verificaciones ni controles que debía realizar sobre la gestión y desarrollo del programa ‘Tarjeta Alimentar’, como tampoco no arbitró si las diligencias necesarias para verificar si estaban debidamente resguardadas las tarjetas plásticas que Ponce tenía en custodia e ninguno de los dos fueron diligentes para cuidar los bienes que les confirieron en custodia, además que tampoco velaron por su debido resguardo”.

“No puedo dejar de lado que ninguno de los dos acudieron a las vías jerárquicas para dar cuenta de las irregularidades que conocieron en su momento. Tumas denunció la irregularidad luego de que más de tres meses de conocido el hecho y solo a raíz de la exposición pública que tuvo el allanamiento que realizó la Justicia Local, en tanto que Ponce no informó adecuadamente a su su superior jerárquico las irregularidades, dando cuenta de que sólo transmitió las novedades al Asesor Letrado del Municipio descartándose que se haya tomado alguna acción administrativa en ese momento”, señaló el procesamiento.

Ahora Bava decidió avanzar sobre el intendente Yeza. Lo convocó a indagatoria para este jueves, al mediodía, en el juzgado de Dolores. A fines de julio, el Banco Provincia había intimado a Martín Yeza para que devolviera 2.050.990 pesos, por el escándalo generado con esas tarjetas Alimentar. En ese momento, Yeza insistió en que Ponce ya había sido desplazada de su cargo, aludió a ese reclamo de dinero y afirmó: “estamos a disposición de la justicia, como siempre”.

Fuente: Patricia Blanco para Infobae