Estafas y usura: funcionarios en la mira de la Justicia

El Ministerio de Agricultura de la Nación se encuentra en medio de un escándalo debido a denuncias por supuestas estafas. Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Fernando Molas, subsecretario de Coordinación Técnica y su antecesora en ese cargo, Mónica Dreyssig tendrían amplias carreras dentro de empresas financieras que entregan créditos bajos y a corto plazo.

La investigación comenzó tras un informe del canal C5N y el origen se remonta al año 2002, año en el que Hardie creó la empresa Wenance S.A., que opera bajo la reconocida firma comercial Presto Hoy.

En la actualidad, la compañía enfrenta un sin fin de denuncias por cobros indebidos y débitos mal ejecutados a sus clientes.

Si bien el secretario de la cartera agraria se desvinculó de Presto Hoy en 2014, actualmente es dueño junto a Molas de otra empresa financiera, Naola S.A., en la que Dreyssig es la abogada patrocinante. Hardie declaró en 2016 que cuenta con una tenencia accionaria por un valor de 144.529,18 pesos.

Esta empresa denuncia sistemáticamente a sus clientes por pagarés impagos. Una de las personas denunciadas según el sitio Página 12 es Andrea Colamarino, quien se enteró de la presentación judicial en su contra cuando la contactó el periodista que destapó el escándalo.

Colamarino aseguró que es víctima de Presto Hoy desde que solicitó un préstamo de 8 mil pesos para un emprendimiento personal. Según lo pactado, le debitarían 18 cuotas de 3 mil, pero en PH no cumplieron.

“Me sacan el sueldo entero, solo en junio debitaron 10 mil pesos y estimo que en total extrajeron demás una cifra superior a los 60 mil pesos”, reveló.

“Lo que los clientes no saben es que la empresa busca las cuentas a través del DNI”, aseguró el abogado Juan Manuel Baya Casal, quien representa a cerca de 150 damnificados de la empresa.

“Existe el delito de estafa porque hay un arreglo y un engaño, después le sigue la usura por las tasas altísimas que se aplican aprovechándose de las necesidades de la gente y en tercer término se procede con el hurto, porque les sacan el sueldo”, declaró.

Según se desprende de la acusación penal de otra víctima de PH, a los clientes les hacen firmar un pagaré en blanco. Ese que le adjudican a Andrea, que está firmado por ella y acompañado de un recibo de sueldo que efectivamente le pertenece y entregó en las oficinas de Presto Hoy. Los clientes nunca tuvieron contacto con Naola S.A., sí lo hicieron para Presto Hoy.

según la denuncia, en Naola toman algunos de los datos y los documentos que las víctimas le dieron a Presto Hoy y los usan para completar un pagaré que, en el mejor de los casos, fue firmado en blanco por los solicitantes del crédito a PH.

“Un pagaré es un título que se basta a sí mismo y para ejecutarlo no hay que dar el origen de la deuda. Lo llamativo de la operación en este caso, y que se reitera, es que quien termina ejecutando no es con quien se firmó ese contrato. La variación de los montos demuestra la vulnerabilidad de quien va a buscar el préstamo”, analizó Carlos Biezhun, abogado de la ONG La Alameda. “Que no figure la dirección correcta lleva a pensar que, como la notificación se hace en ese domicilio, el afectado no se entera del proceso hasta que se procede con el embargo. Muestra la mala fe en función de perjudicar al deudor.”

De esta manera, la empresa de los funcionarios le asigna un pagaré impago por un monto de 24.180 pesos, supuestamente vencido en agosto de 2017. Solicita el embargo del 20 por ciento de su sueldo hasta cubrir el monto con los correspondientes intereses y costas.

“Al momento de firmar los papeles quería leer en detalle y los empleados me apuraban. Me decían que atrás había otras personas esperando, que me podía ir y volver mañana si necesitaba pensarlo. No presté mucha atención y firmé, no lo hice a conciencia. Necesitaba la plata rápido, no podía perder tiempo”, confesó Andrea y añadió: “Después de firmar un contrato extenso me dieron un papelito chiquitito del tamaño de un ticket. Salí sin nada, sin ningún comprobante”.

El letrado Baya Casal, estimó que el universo de afectados puede ascender hasta 6 mil personas. De acuerdo con la denuncia periodística, se pudieron comprobar cuatro formas de otorgarlos: mediante la firma de un contrato en las oficinas de la empresa, por teléfono, a través de su página web y mediante un contrato que llega por correo a domicilio.

Los damnificados también publicaron a través de las redes sociales el calvario que les toca pasar: Presto hoy, Wenance, Wenance bis, Deuda Cero, Compañía interlatino, Compañía inversora, Patagonia Cred, Vivus, Creed Patagonia, Compañía inverlatino, Débito directo, Cuota bis, Presto cobro cred, Plus Credit, Credplat, Autocrédito, Moniprest, Prestaya, PrestoCard y Crediplat son sólo algunos de los códigos de descuento con los que la empresa logra debitar sistemáticamente las cuotas.

En ese marco, la Asociación de Consumidores Financieros (ACF) mantiene desde 2016 una denuncia civil en trámite contra Presto Hoy. De la acusación se desprenden las tasas usurarias que la empresa les cobra a sus clientes.

“En su página se informa que a diciembre de 2016 un préstamo de 15 mil pesos se cancelará mediante el pago de 12 cuotas de 3950 pesos, correspondiendo la suma de 1250 pesos a capital y la de 2700 a intereses. La tasa de interés cobrada es: 2700/1250 = 2,16 (o su equivalente 216 por ciento anual). De haber aplicado el sistema de amortización que utiliza el mercado financiero formal (regulado por el BCRA) la tasa hubiese sido mucho menor. En este supuesto el cliente devolvería por los quince mil pesos prestados el total de 37.553 pesos; es decir paga diez mil pesos menos” detalla la denuncia.

Según la denuncia, “evidentemente hay un retaceo y falseo de la información que violenta la ley y un claro enriquecimiento ilícito. Es clave en este tipo de contratos tener en cuenta que la única forma de llevar adelante un abuso como el que denunciamos es ocultando información a personas que no están preparadas para calcular las ecuaciones financieras que son necesarias ejecutar para desenmascarar estos abusos. Hay un absoluto dolo de engañar.”

“Solo se informa el monto del crédito, el valor a pagar y las fechas de pago, lo demás no se aclara para confundir a los consumidores. Presto Hoy incumple abiertamente con el mandato legal, otorgando los créditos sin indicar el costo financiero, ni las tasas de interés, ni el monto a desembolsar originariamente.”

“Cuanto menos requisitos se piden, más alta es la tasa de interés y más alta es la vulnerabilidad del que va a pedir el crédito. La Ley de Entidades Financieras es del año 77, nos enfrentamos a una ley caduca pero vigente donde tendrían que regularse estas situaciones”, analizó Biezhun.

Actualmente, en su página web la firma indica en letra chica que el costo financiero total puede variar desde el 84,25 hasta el 5045,34 por ciento anual.