Es para pagar la deuda del 2001. Los "fondos buitres" podrán hacerse de aproximadamente 310 millones de dólares.
Por Canal26
Martes 28 de Enero de 2025 - 08:40
Tras el fallo negativo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Argentina pierde otro juicio y se autoriza al embargo de activos depositados en cuentas del Banco Central Argentino en la Reserva Federal (Fed) de ese país.
Esta decisión no toma en cuenta y rechaza la apelación que había presentado el Estado nacional, lo que le permite a los así llamados "fondos buitres" hacerse de aproximadamente 310 millones de dólares.
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El conflicto tiene su origen en la emisión de los bonos Brady a inicios de la década de 1990. Estos instrumentos financieros, respaldados por títulos del Tesoro de Estados Unidos como garantía, fueron parte de un plan de reestructuración de deuda liderado por Nicholas Brady, entonces secretario del Tesoro estadounidense, para refinanciar los pasivos acumulados durante los años anteriores. Aunque Argentina canceló el pago de los bonos Brady en marzo de 2023, los títulos utilizados como garantía aún permanecen en una cuenta especial de la Reserva Federal de Nueva York.
El caso fue promovido por un grupo de fondos de inversión, comúnmente llamados “holdouts” o “fondos buitres”, que se hicieron de deuda en default desde 2001. Entre estos acreedores se encuentran fondos como Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master. Estos inversores optaron por no participar en los canjes de deuda que Argentina ofreció en 2005, 2010 y 2016, los cuales permitieron reestructurar la mayor parte de los pasivos impagos. Sin embargo, un pequeño grupo, que representa menos del 3% del total original, decidió llevar adelante acciones legales contra el Estado argentino.
Para el mes de junio de 2021, los holdouts reactivaron su reclamo sobre los activos que se utilizaron como garantía de los bonos Brady. En agosto de 2022, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó a favor del embargo, decisión que luego fue confirmada por la jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
Así, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por el gobierno argentino, definiendo el destino de los fondos.
La defensa del Estado argentino sostuvo que los títulos embargados pertenecían al Banco Central y no al gobierno nacional. Según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés), esto les otorgaría protección frente a embargos. Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema de Estados Unidos rechazaron este argumento, al considerar que los derechos de reversión asociados a esos activos habían sido utilizados previamente en actividades comerciales, lo que anulaba la inmunidad reclamada.
Los fondos embargados, repartidos entre cuentas en la Reserva Federal de Nueva York, Alemania y Suiza, representan un nuevo episodio en la compleja dinámica financiera y legal entre Argentina y sus acreedores internacionales.
Este caso pone de manifiesto las consecuencias de no lograr acuerdos integrales en los procesos de reestructuración de deuda, así como las implicancias legales de emplear activos como garantía en negociaciones financieras previas.
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