La Justicia solicitó al Estado que remate los aviones de Lázaro Báez

El fiscal de juicio Abel Córdoba pidió este jueves que los dos aviones del empresario detenido Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero, sean subastados por el Estado Nacional y el dinero recolectado se deposite en el Banco de la Nación.

El fiscal también solicitó la intervención judicial de la empresa Austral Agro SA, una de las firmas del empresario, a raíz de irregularidades detectadas durante la veeduría dispuesta por la Justicia.

Se trata de dos aeronaves incautadas por la Justicia: un Lear Jet 35ª matrícula LV-BPL, que ya está en poder del Ministerio de Seguridad de la Nación, y UN Rockwell Turbo Comander 690B, matrícula LV-MBY, que está en manos de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación (JIAAC).

El Lear Jet es la nave con la que Lázaro Báez aterrizó el 5 de abril de 2016 en el Aeropuerto de San Fernando, oportunidad en la que fue detenido.

El fiscal Córdoba le pidió al Tribunal Oral Federal 4, el que va a realizar el juicio, que se subasten las dos aeronaves y el dinero que surja se deposite en una cuenta del Banco Nación.

El acusado Walter Zanzot, presidente de Top Air S.A, a quien en imágenes se vio contando dinero junto a Martín Báez en la financiera "La Rosadita", reclamó al Tribunal que el avión LV-MBY sea cedido a la empresa Aviación Atlántico Sur SA, la cual es de su propiedad, para que sea reparado, ya que está averiado.

Las dos aeronaves no se encuentran operativas por problemas técnicos y necesitan reparaciones, en función de ello el Ministerio de Seguridad informó que el costo de reparación de una de ellas es de 347.446,98 dólares.

"Si este tribunal dispone la desafectación de la suma dineraria para arreglar ambas aeronaves no solamente correría un riesgo cierto de pérdida, teniendo en cuenta el transcurso del tiempo y la utilización de las aeronaves, también se desprecia su valor hasta que se decrete su decomiso, en caso de ser procedente", marcó el fiscal.

Además, explicó en su dictamen que "no se vería perjudicado en forma alguna el patrimonio de Top Air S.A, por el contrario, el producto de la subasta no perdería su valor, mientras que las aeronaves, por el transcurso del tiempo y por su utilización, no pueden sustraerse a esa eventualidad".

Por eso, pidió subastar ambas aeronaves en la situación en que se encuentran actualmente y depositar el dinero en una cuenta del Banco de la Nación Argentina.

Sobre la firma Austral Agro S.A, el fiscal pidió la intervención, ya que la veeduría que lleva adelante el Cuerpo de Contadores del Poder Judicial de la Nación detectó irregularidades.

En la veeduría se descubrió, dijo el fiscal, que la empresa no aportó información sobre sus libros contables y societarios, ni sobre el el origen de unos seis depósitos detectados en abril, y de otra suma de dinero aportada por Lázaro Báez destinada al pago de sueldos. Incluso, los veedores advirtieron sobre la "falta de colaboración y reticencia" por parte de Leandro Báez.

"Las veedurías no han podido acceder a la documentación que les permita determinar si el giro comercial de la empresa en cuestión se ajusta a los parámetros legales, o si por el contrario nos encontramos ante un instrumento jurídico diseñado con el fin de dar apariencia de licitud a bienes de los accionistas quienes se constituyen a su vez como los principales acreedores de la sociedad", dijo la Fiscalía.

Córdoba reclamó, en tanto, que el interventor actúe desplazando a las autoridades naturales de la sociedad, que deben ser reemplazadas en sus funciones por un representante del Poder Judicial.

En ese sentido, también pidió que se le de participación a alguien idóneo del Instituto Nacional de Tecnología agropecuaria (INTA) y la Sociedad Administradora de Campos de la UBA.

La intervención, opinó, deberá rendir informes mensuales sobre el estado de situación de esa empresa y rendir cuentas periódicamente sobre lo hecho.