Solicitan investigar si Cristina Kirchner compró un crucero de lujo a través de su arquitecto

Luego de las declaraciones de Víctor Manzanares ante la Justicia, Margarita Stolbizer se presentó este viernes ante el fiscal Gerardo Pollicita y solicitó que se investigue a Cristina Kirchner y al arquitecto Pablo Grippo, quien habría actuado como testaferro en la compra del crucero "Santa Cruz". 

Grippo, intervino en la construcción del hotel Los Sauces y de la residencia familiar de los Kirchner en El Calafate y también participó de la remodelación de la casa ubicada en Mascarello al 400, en Río Gallegos. Además diseñó el hotel Las Dunas, y rediseñó el Alto Calafate.

Los registros también indican que fue propietario de la empresa COMA SA (patrimonio de Néstor y Cristina a partir de 2008), y  dueño de MarPatag SRL, la empresa que tiene la concesión para realizar excursiones turísticas en el Lago Argentino, según publicó el sitio Infobae.

En su denuncia, según indicó el medio, Stolbizer y su abogada Silvina Martínez, detallan que MarPatag SRL fue creada en el 2000 pero que Grippo y su esposa, María Alejandra Ruani, la compraron en 2008. 

El gobierno de Cristina Kirchner, a través de Parques Nacionales, había renovado en 2014 la concesión por otros 15 años a través de la licitación 9/2014, pero lo más llamativo es que la empresa de Grippo fue la única oferente.

El crucero en cuestión es el "Santa Cruz", una embarcación con 20 camarotes, un restaurante para 40 personas y salas de estar. La empresa también tiene los cruceros "Leal"  y "María Turquesa".

Según reveló el sitio OPI Santa Cruz, el año pasado la empresa del arquitecto fue intimada por la Administración Nacional de Parques a pagar casi 7 millones de pesos por "falta de pago en tiempo y forma del canon de explotación respectivo". 

Para la denunciante, Margarita Stolbizer, Grippo funcionó como testaferro de los Kirchner: "Creemos que el arquitecto Pablo Grippo y su esposa eran personas interpuestas. Aquí la persona interpuesta simula ser el protagonista de los negocios que, en realidad y en forma encubierta, son realizados por cuenta y orden del funcionario enriquecido, quien no podría justificar tal actividad, precisamente por la procedencia ilícita del dinero necesario para ello", detalla la denuncia.