Deuda externa: no avanza la negociación con bonistas y aumenta el riesgo de default en mayo

Alberto Fernández y Martín Guzmán, AGENCIA NA

Alberto Fernández y Martín Guzmán proponen pagar una sola cuota de 300 millones de dólares hacia fines de 2023, mientras que los fondos de inversión exigen 6.000 millones de dólares que se abonarían desde 2021 hasta el final del mandato presidencial. Esto hace que se compliquen las negociaciones por la deuda externa y se acerca la posibilidad de caer en default.

Los 300 millones equivalen al 0.5 de interés que se establece en la oferta del gobierno a los bonistas. Los 6.000 millones surgen de las distintas contraofertas informales de los acreedores privados que fijan una “escalerita” para los cupones desde 2021 y eliminan la quita de capital -5.4 por ciento- prevista en la iniciativa oficial.

El Presidente no quiere caer en default, pero jamás aceptará una propuesta que contradiga su objetivo clave al momento de la negociación con los acreedores privados: evitar que un eventual acuerdo con los fondos implique un nuevo plan de ajuste económico.

Guzmán enfrenta una negociación compleja con los acreedores privados. Desconfían de su capacidad como broker, ya han explicitado su rechazo masivo a la propuesta oficial -más del 80 por ciento de los bonistas se negaron al canje- y la diferencia entre ofertas es de casi 6.000 millones de dólares.

En este contexto, Alberto Fernández ya tiene definido su próximo paso ante fondos de inversión. Si no hay acuerdo al 22 de mayo -esa fecha expira la propuesta oficial-, no pagará un sólo centavo de la deuda o de los intereses que venzan en 2020.

La posición firme de Alberto Fernández -que definió junto a Guzmán, al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz-, es respaldada por importantes figuras académicas de Estados Unidos y Europa. Este apoyo no es un hecho causal: hay una línea de pensamiento global que propone una reformulación del sistema financiero ante las consecuencias sociales y económicas de la pandemia del COVID-19.

Y el Presidente, junto a su ministro Guzmán, se apalancan sobre este núcleo duro para argumentar desde las ideas porqué negocian con dureza ante los acreedores privados. “Francisco y Georgieva proponen un cambio, y yo estoy de acuerdo con lo que están proponiendo”, reconoce Alberto Fernández en la intimidad de Olivos.

La estrategia negociadora de Alberto Fernández tiene contrapesos cuando medita ir al default ante la negativa de los bonistas de “ablandar” sus exigencias y cerrar -finalmente- un acuerdo con la Argentina. Esos contrapesos son disímiles y convergentes: se trata de la Casa Blanca y los sondeos de opinión que recibe el presidente en la quinta de Olivos.

El gobierno y los acreedores privados tienen ocho días para concluir las negociaciones. Alberto Fernández exhibe voluntad de acordar, pero no en los términos de la contraoferta informal que multiplica por 20 lo que ofrece la Argentina. Si llega el 22 de mayo y no hay acuerdo, el default puede convertirse en realidad.