Garbarino aguarda fideicomiso avalado por el Estado y empleados esperan por el REPRO II y la AGIP

Protesta de empleados de Garbarino. Foto: NA.

Comenzó septiembre y Garbarino perdió más presencia comercial en las principales ciudades del país. La empresa, que no es la única del grupo que está al borde del concurso de acreedores -hay que sumar también a Compumundo, Garbarino Viajes, la financiera Fiden y las plantas Digital Fueguina y Tecnosur-, bajó las persianas de doce sucursales durante agosto.

En las ciudades de Río Negro; Jujuy y San Juan debieron dejar los locales mientras que en la provincia de Buenos Aires cerraron las sucursales de La Plata, Lomas de Zamora, José C. Paz, Quilmes, San Miguel y San Justo. En Capital, mientras tanto, ya no atienden en Villa del Parque.

Una muestra más de la debacle de la mayor y más tradicional cadena de electrodomésticos que el directorio que conduce Carlos Rosales no ha logrado sanear. Garbarino ya tenía problemas financieros cuando el dueño de la aseguradora Prof la adquirió en su totalidad y, la mayoría de sus planes naufragaron con la crisis de consumo, el advenimiento de la pandemia del coronavirus y la cuarentena dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

De hecho, ese es uno de los argumentos esgrimidos por Carlos Rosales en sus cada vez más habituales diálogos con funcionarios de la administración de Alberto Fernández, en particular con aquellos que están bajo la órbita del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Rosales intenta que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que conducen José Ignacio de Mendiguren y Miguel Peirano, se involucren en el salvataje al grupo Garbarino a través de avales para conformar un fideicomiso que pondría la rueda a funcionar nuevamente.

Dos caminos está transitando Carlos Rosales. Por un lado, la búsqueda de un inversor nacional o extranjero que ingrese en calidad de socio a una compañía que se halla al borde de la cesación de pagos. Por el otro, la búsqueda incansable de la aprobación de los funcionarios nacionales de un fideicomiso donde el BICE se sumaría como socio y permitiría a los responsables de la empresa acceder a capital de trabajo a tasas subsidiadas que le servirá para poder reabastecerse de mercadería y relanzar sus operaciones de venta física y online.

Sin capital de trabajo es prácticamente imposible la continuidad de la empresa porque necesita saldar las deudas y levantar los cheques impagos de proveedores como Newsan de Rubén Cherñajovsky que dirige una de las fábricas de electrodomésticos más relevantes del país, dueño de un portfolio de marcas que incluyen a Noblex, Atma, Sanyo y Philco, o Mirgor, de la familia Caputo, que cotiza en bolsa y es socio estratégico de marcas globales como Samsung o Telefónica.

Estas compañías poseen plantas en la provincia de Tierra del Fuego que se han beneficiado de la radicación de muchas empresas productivas por la ley 19.640 que creó un régimen que exime del pago de todo impuesto nacional que corresponda por hechos, actividades u operaciones que se realicen en su territorio además de la creación de una zona franca y un área aduanera especial.

Precisamente, en Tierra del Fuego, Garbarino tiene su conflicto gremial más importante porque continúan sin operar por protestas de sus trabajadores, las compañías Digital Fueguina y Tecnosur, ubicadas en Río Grande, que forman parte de los activos del grupo Garbarino que Rosales adquirió a los hermanos homónimos de la firma.

Los empleados de estas dos plantas reclaman, desde hace meses, por la regularización de los sueldos y por certidumbre acerca de la continuidad laboral. Muchos trabajadores de Garbarino y Compumundo se reunieron con el mediático abogado Fernando Burlando para asesorarse acerca de una demanda colectiva global contra el directorio de Carlos Rosales. Pero el letrado platense fue muy claro. “Nadie va a responder por las demandas laborales”. La sentencia de Burlando llegó luego de analizar con lupa la delicada situación financiera y la ingeniería de negocios de la cadena de electrodomésticos.

Fuentes sindicales señalaron a NA que Burlando les aseguró que “los activos de la empresa son pocos, a pesar de los productos de valor que muchas veces se exhiben en los escaparates de los locales en los shoppings, porque muchas de las sucursales se alquilan y los productos que se venden se comercializan por comodato, no son productos propios de Garbarino. Si se vende un televisor de Noblex, el aparato es de Noblex no es de Garbarino. Por lo que llevar adelante juicios laborales en esas condiciones es una misión imposible”.

Consultado acerca de la posibilidad de accionar contra Rosales y otros integrantes del directorio, Burlando desestimó la idea al señalar que “no le van a sacar nada” ni a Rosales ni a los demás. Por lo que las fuentes sindicales expresaron a NA que “para cobrar nuestros salarios dependemos de la buena voluntad del Gobierno nacional que maneja los Repro o que se destraben los trámites impositivos de la AGIP en la CABA por la devolución de importes que van directo a los bolsillos de los trabajadores”.

Con respecto al dinero que se reparte de lo que ingresa por la devolución que realiza la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) hay 200 millones de pesos que se encuentran en la etapa de verificación fiscal por parte del organismo recaudador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizó una transferencia por 225 millones de pesos pero el reclamo de Garbarino es por 800 millones de pesos.

El reclamo surge porque las empresas Garbarino y Compumundo ofician de agentes de retención, reuniendo fondos de terceros y no los depositaron ante la AGIP. Esto llevó a que el organismo recaudador las declararan en la categoría de máximo riesgo fiscal pero a partir del mes de Junio de 2021 las empresas comenzaron a regularizar sus obligaciones fiscales y la AGIP puede, en estos días, comenzar el proceso de devolución de saldos a favor. Los trabajadores esperan que, con la nueva tanda de devolución de pesos, se salde el medio aguinaldo del mes de junio.

Por otra parte, la mayoría del paquete accionario de Compumundo irá a remate. Se trata de 58.650.000 acciones. El remate se llevará a cabo el 15 de septiembre a las 11:00 por cuenta y orden del Banco VOII. El valor nominal de cada una de las acciones será de $1 y corresponderá a un voto por acción emitida por Compumundo. El volumen total de las 58.650.000 representa el 51% del paquete accionario.

Mientras se avanza con la cuestión salarial y de composición accionaria, Rosales no se da por vencido con su idea de sumar inversores nacionales o extranjeros. Continúan las negociaciones con los mexicanos de COPEL acercados a la mesa de decisiones por la vice directora de Garbarino, Mariana Casares. También se habla con interesados en el mercado del retail de origen nacional pero Rosales ya dejó caer la oferta realizada por el empresario de las telecomunicaciones el tucumano Facundo Prado. El Ceo de Supercanal tenía avales del Fondo Carval de Cargill y ofertó cerca de 5 millones de dólares por las empresas de retail pero Rosales pedía, en principio, 15 millones y las negociaciones se dieron por concluidas.

Por lo que, la solución más cercana es la posibilidad de cerrar el fideicomiso con el BICE de socio. Rosales aguarda la definición de una propuesta que fue presentada hace tres semanas al Ministerio de Desarrollo y que le permitiría sumar inversores privados con los que está desarrollando negociaciones y que están interesados en ingresar al mercado nacional del retail porque suponen que el próximo año será de crecimiento teniendo en cuenta la “nueva normalidad” post crisis sanitaria del coronavirus. Sin embargo, todos los inversores sondeados por Carlos Rosales y Mariana Casares coinciden en una demanda, “queremos ver los avales del Gobierno” para el futuro de Garbarino.