La Justicia le adjudicó OCA a Clear, grupo económico vinculado a Cristóbal López

Correo OCA

La Justicia le adjudica OCA a Clear, grupo patagónico cercano a Cristóbal López, figura retórica que se utilizó para presentar a dos empresas que tienen los mismos accionistas: Clear Petroleum y Clear Urbana. Ambas, oriundas de Comodoro Rivadavia, Chubut, fundadas a inicios de los ’90 por el empresario sureño.

Estas compañías -en cuyos en sus directorios persisten sus hijos- son manejadas por tres ex ejecutivos suyos: Juan Ignacio González Pedroso (actual presidente), Alberto Destefanis y Gustavo Lupiano.

Clear ofertó, el 30 de octubre, el equivalente a u$s 25,28 millones por Organización Coordinadora Argentina (OCA), el mayor correo privado del país, quebrado desde el 1º de abril de 2019 y a la que sus liquidadores habían tasado en u$s 37 millones.

El juez Tejada aceptó esta propuesta, 15 días después de haber rechazado un primer intento de Clear por hacerse de la operadora postal. Al mismo tiempo, convocó a un proceso de mejora, que preveía el 12 de marzo de este año como fecha límite. Pero, como el 18 de diciembre venció el plazo para adquirir los pliegos de esa licitación y no los compró ningún otro potencial interesado.

“Consecuentemente, intímese al ‘Grupo Clear’ a dar cumplimiento con lo dispuesto al punto II, párrafo tercero, de la resolución de fecha 29 de octubre de 2020”, ordenó Tejada, en la cédula de la semana pasada, en la que le notificó la adjudicación. Se trata, ni más ni menos, que del cumplimiento del pago comprometido.

Para acceder a la gestión de la empresa mientras se definía su futuro –una de las condiciones de su propuesta–, Clear depositó un anticipo de $ 440,88 millones, u$s 5,28 millones al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 23 de octubre. Fue un adelanto el precio contado en efectivo que ofertó: una prima de u$s 6,78 millones sobre los u$s 18,5 millones fijos que el juzgado exigió para el pago de deudas laborales, fiscales y previsionales.

Clear deberá cancelar los u$s 20 millones restantes –entre u$s 1,5 millón de saldo de precio y el monto fijo para contingencias– en un solo pago, en dólares, su equivalente en pesos al cambio vendedor del BNA del día previo a que efectivice el desembolso “u optar por afianzar debidamente dicho monto constituyendo en idéntica moneda y a favor del juzgado una garantía bancaria de primera línea, autorizada por el BCRA o un seguro de caución emitido por una compañía de primera línea, de reconocida y acreditada solvencia”, definió Tejada cuando aceptó la propuesta.

En su decreto de adjudicación, el juez intimó a cumplir con la propuesta, “bajo apercibimiento” (sic) de otra de sus resoluciones anteriores: “Si, vencido el plazo, el adjudicatario no deposita el precio, pierde su derecho y la garantía de mantenimiento de la oferta”.