La Semana Santa más terrible de la democracia: se cumplen 35 años del levantamiento Carapintada

Levantamiento de los Carapintadas, Foto: Archivo.

El levantamiento carapintada de Semana Santa, tuvo lugar el 16 de abril de 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, trajo una vez más a la Argentina el fantasma de un nuevo posible golpe de Estado.

En el contexto nacional, la democracia volvía a surgir y el gobierno radical ya había impulsado y obtenido en el Congreso Nacional la ley de Punto Final, que declaraba prescriptas las causas por delitos de lesa humanidad que no se hubieran iniciado a fines de 1986, pero para parte de los militares eso no era suficiente. Querían, además, desactivar los innumerables procesos judiciales que los acosaban por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Raúl Alfonsín en el levantamiento de La Tablada.

La causa de la toma por parte de los carapintadas (llamados así porque se presentaban con la cara pintada como en la guerra) fue entonces la detención del represor mayor del Ejército Ernesto Barreiro, quien se negó a declarar ante la Cámara Federal de Córdoba por los delitos de tortura y asesinato de los que estaba acusado. Cuando la policía fue a buscarlo para que declarara ante la Justicia, el personal del comando se negó a entregarlo y se acuarteló. Junto a él, otros 130 militares se amotinaron en el Comando de Infantería de Córdoba, y así comenzó el primero de una serie de levantamientos carapintada.

Durante más de cien horas, quienes estaban bajo el mando del teniente coronel Aldo Rico tuvieron en vilo al país reclamando una “solución política” para cientos de citaciones judiciales contra oficiales por las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar concluida cuatro años antes. También pedían el alejamiento del generalato, buscando despegarse de responsabilidad en la represión, e invocaban su condición de combatientes en la Guerra de Malvinas.

Levantamiento Carapintada en el gobierno de Alfonsín. 

Esto fue rechazado por gran parte de la ciudadanía que salió a las calles en forma espontánea en apoyo al sistema democrático. En ese marco, se desarrollaron marchas diarias a partir del Jueves Santo, que concluyeron con una gran manifestación, el domingo de Pascuas en la Plaza de Mayo. Hubo que esperar hasta ese mediodía para que, luego de la firma de un Acta de Compromiso Democrático en la Casa de Gobierno, Alfonsín anunciara ante la multitud congregada en la plaza, su traslado a Campo de Mayo para reunirse con los rebeldes, que exigían su presencia para rendirse.

A las 18.07, finalmente el Presidente anunció desde el balcón de la Casa Rosada: “Para evitar derramamientos de sangre di instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos dar todos gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”.

Raúl Alfonsín en los cuarteles de La Tablada.

Aunque pareció una victoria de la democracia, poco después, en junio de 1987 se votó la llamada ley de Obediencia Debida, que garantizaba la impunidad de la mayoría de los represores. El artículo 1° decía que no debían ser punibles por graves violaciones a los derechos humanos, sobre la base de la presunción “sin admitir prueba en contrario, quienes a la fecha de la comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, seguridad, policial o penitenciaria”.