Motín de Devoto: Gobierno no habilitará reducción de penas, negociación se puede complicar

Motín y protesta de presos. NA.

"Alberto Fernández no va a indultar ni a conmutarle la pena a nadie". En plena tensión en el oficialismo por la liberación de presos bajo el argumento de la crisis por el coronavirus, en el Gobierno se apuraron en asegurar que el Presidente no está dispuesto a avalar uno de los puntos clave que los representantes de los detenidos pusieron como exigencia en el acta de acuerdo que firmaron el viernes luego del motín en la cárcel de Devoto.

En la antesala de la reunión que mantendrá la mesa de negociación este jueves en la capilla de la cárcel, la Casa Rosada busca fijar una posición uniforme, más allá de las diferencias que afloran dentro del Frente de Todos por la liberación de los presos. Así, a pesar de que el propio Fernández se mostró a favor de las "libertades restringidas", ya que consideró que "las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa", mantiene la promesa que hizo durante la campaña de no indultar a nadie. "Ni políticos ni presos comunes", destacó una alta fuente del oficialismo.

Para que no haya dudas, el presidente Alberto Fernández tuiteó en el mismo sentido y dijo: "Es conocida mi oposoción a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados".

"En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades", agregó en otro posteo. Sin embargo, el jefe de Estado volvió a mostrarse a favor de estudiar cada caso en particular y las situaciones de riesgo, al realzar que "las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema" del hacinamiento.

Vale decir, el presidente no hará uso de la facultad que la Constitución Nacional le otorga al Poder Ejecutivo en el inciso 5 del artículo 99, que establece que: "Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados".

En el Ministerio de Justicia, que conduce Marcela Losardo, dicen tener indicaciones de no aceptar esa exigencia. Tampoco lo impulsa la vicepresidenta Cristina Kirchner​, juran quienes la frecuentan: "La Justicia es quien libera o encarcela, no se impulsa eso desde el Ejecutivo ni del Legislativo", sostienen desde su entorno.

Así, el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; su espada judicial de más influencia, desde que estalló el conflicto le reportó minuto a minuto a la ministra. "En este tema no hay diferencias, están trabajando en sintonía", sostuvieron en el Ejecutivo.

Es que en el Gobierno hay una preocupación latente por la posibilidad de que las negociaciones no lleguen a buen puerto. Alimenta esta especulación la expectativa que se instaló entre los internos luego de que en el punto 4 del acta acuerdo que se firmó el viernes pasado, las partes acordaran tratar la "compensaciones y la conmutación de penas".

De hecho, este uno de los planteos principales que volvió a hacer este martes el Sindicato Unico de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla), al convocar a hacer "batucadas pacíficas" mientras se desarrolla la reunión, convocada para las 10. Esa medida de presión no ocurriría sólo en Devoto, y hay convocatorias en la cárcel de Olmos y otros penales federales del interior.

De todos modos, Andrea Casamento, fundadora de la Asociación Familiares de Detenidos de Cárceles Federales (ACIFAD) y una de las personas que se sentará en la mesa de negociación, descartó que vaya a generar conflictos esa posición del Gobierno: "No es lo que están esperando los presos", sostuvo. Y, si bien admitió que "algunos plantearon la posibilidad de la conmutación de penas y se habló de lo que hicieron otros países", precisó que "nadie se comprometió a conmutar penas".

Para Casamento, la prioridad es "que se garantice la salud" de los internos, y que "los jueces tengan a su disposición todos los papeles para definir sobre las presentaciones" que hicieron los defensores de los detenidos, en especial la de aquellos que integran grupos de riesgo ó que están cercanos al cumplimiento de la pena. "En medio de una situación como la actual, es necesario destrabar todos los trámites burocráticos, no se puede perder tiempo", indicó.

También, Casamento reclamó la presencia de los jueces de ejecución penal y que se considere la posibilidad de métodos alternativos de prisión para aquellos con delitos leves.

En materia de salud, el Gobierno se movió rápido luego de que se conociera el que el preso que cayó del techo dio positivo de coronavirus. Para descomprimir la situación en Devoto y llevar tranquilidad a los internos, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; se presentó el domingo en la cárcel y dialogó con los internos durante cuatro horas. "Fue clave para calmar a los que estaban nerviosos", describió una fuente penitenciaria.

En medio de tantas diferencias internas por el tema, la posición del Presidente coincide con la del gobernador bonaerense, Axel Kicillof: "Al gobernador no se le pasa por la cabeza conmutar penas", indicaron cerca suyo, en relación al pedido que le hicieron los Defensores Oficiales de la provincia para que, ante la superpoblación carcelaria que heredó, haga uso de la misma facultad, que en su caso le da el artículo 114 inciso 4 de la Constitución provincial.