El empresario está detenido en Miami desde octubre de 2021 cuando fue extraditado desde Cabo Verde. Está acusado por presunto lavado de dinero.
Por Canal26
Viernes 23 de Diciembre de 2022 - 21:21
Alex Saab en prisión en el estado de la Florida. Foto: Archivo.
Un juez de EE.UU. negó este viernes desestimar el caso de lavado de dinero contra el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al rechazar que goza de "inmunidad diplomática" como lo alegó su defensa en un recurso legal.
En un documento de quince páginas, el juez Robert M. Scola negó la moción que había presentado Saab en octubre de 2020 después de escuchar en los últimos días los argumentos tanto de la defensa como la Fiscalía estadounidense en una corte de Miami.
Saab, de 51 años, está detenido en Miami desde octubre de 2021 cuando fue extraditado desde Cabo Verde, y está acusado de un cargo de lavado de dinero que conlleva a unos 20 años de cárcel si es hallado culpable.
Su defensa buscaba desechar el caso argumentando que él era un "enviado especial" a Irán, cuando fue detenido en medio del viaje, en una parada en Cabo Verde (África).
Sin embargo, el juez negó los argumentos de sus abogados sobre supuestas cartas oficiales del Gobierno de Venezuela que le daban el estatus de diplomático.
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"La evidencia sugiere que el régimen de Maduro y sus cómplices han fabricado documentos para encubrir a Saab Morán con un traje diplomático que no le queda, todo en un esfuerzo por explotar la ley de inmunidades diplomáticas y evitar su extradición a los Estados Unidos", señala el documento judicial.
Saab, quien fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, fue extraditado a EE.UU. en 2021 después de una larga batalla legal en Cabo Verde sobre la supuesta inmunidad diplomática, que llegó a la máxima instancia judicial en ese país africano.
El empresario fue acusado por la Fiscalía de EE.UU. el 25 de julio de 2019, que entonces emitió una orden de arresto en su contra.
"Tras la noticia del arresto de Saab Morán, el régimen de Maduro buscó idear formas de evitar su extradición a los Estados Unidos explotando la ley de inmunidades diplomáticas", indica el documento judicial.
"Un claro ejemplo de ello es el repentino nombramiento de Saab Morán en diciembre de 2020 como "embajador (y) representante Permanente Alterno de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Africana", mientras estaba pendiente de extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde, detalla.
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El juez recordó en su escrito que Saab "enfrenta cargos en este caso por sobornar a funcionarios venezolanos y canalizar cientos de millones de dólares a cuentas en el extranjero bajo la apariencia de un programa alimentario destinado a beneficiar a los venezolanos". "Su presunta actividad delictiva tuvo lugar entre 2011 y 2015", agrega.
Recuerda también los acercamientos que tuvo con las autoridades estadounidenses, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) de Estados Unidos.
"En un aparente esfuerzo por evitar el enjuiciamiento o reducir su exposición criminal en Estados Unidos, Saab Morán comenzó a reunirse en secreto con agentes de este país a partir de 2016 y en 2018 "firmó un acuerdo de cooperación" con la DEA.
El martes el juez Scola ya había planteado en una audiencia si tenía sentido reconocer la inmunidad diplomática que alegaba Saab teniendo en cuenta que el Gobierno de Estados Unidos no reconoce a la Administración de Maduro.
La discusión ese día además se centró en los parámetros de la Convención de Viena que rigen la inmunidad diplomática, que se refieren a "misiones permanentes", no temporales como la de Saab, como expuso la Fiscalía.
Según la acusación, entre 2011 y por lo menos 2015, Saab y su socio Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela.
Saab y Pulido están acusados de transferir desde Venezuela, a través de EE.UU., aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.
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