Violencia sin fin: el Estado mexicano, rehén del Cartel de Sinaloa

Sinaloa, México

El jueves 17 de octubre, Culiacán se convirtió en un campo de guerra y desencadenó una reacción que llegó hasta el presidente de México.

Los tripulantes de camionetas y vehículos de lujo que habitualmente hacen rondines por la ciudad con el radio a todo volumen sonando narcocorridos, ahora disparaban ráfagas de metralleta para aterrorizar a la gente mientras hacían un operativo para rescatar a Ovidio Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Lorea, quien fuera líder del Cartel de Sinaloa, extraditado desde 2018 a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua en julio de 2019.

Las principales avenidas, y carreteras de entrada y salida de la ciudad fueron bloqueadas por hombres armados. Mientras que en la zona conurbana de Culiacán, de la cárcel estatal de Aguaruto se fugaban 49 peligrosos prisioneros. Todo de forma simultánea, rápida, coordinada, y exitosa.

Se supone que Ovidio iba a ser arrestado por el Ejército Mexicano y el objetivo de los criminales era lograr su liberación. Sobre la cabeza del joven de 29 años de edad, uno de los 18 hijos del capo, pende desde diciembre de 2018 una orden de arresto emitida por la Corte de Distrito de Columbia en Washington DC por el delito de narcotráfico, junto con su hermano Joaquín Guzmán Salazar, procreados por Chapo y Griselda López. Ellos, y sus hermanastros Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, quienes también tienen acusaciones criminales en Estados Unidos, encabezan la facción del Cartel de Sinaloa que pertenecía a su padre.

Se trata de una facción disminuida - en comparación al poder y control que tuvo Chapo en sus mejores años - debido a la guerra interna sostenida de 2016 a 2018 con Dámaso López Núñez, quien fue por años su brazo derecho y que tras el último arresto de su jefe intentó quedarse con la franquicia de la organización criminal.

Aún así, pequeños en comparación al poder de su padre, y minúsculos en comparación al verdadero jefe del Cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, Los Chapitos como los llaman en Sinaloa, fueron capaces de generar la mayor crisis de seguridad pública y política del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La verdad es que no hay elementos sustantivos para evaluar el nivel de riesgo de la población y si la decisión de liberar al hijo de El Chapo fue acertada o no.

El Secretario de la Defensa y el Secretario de Seguridad pública insistieron en que la población estaba en peligro, incluyendo un grupo de militares "retenidos”. Pero hasta el momento el gobierno no ha dicho específicamente cuántos ciudadanos, quiénes estaban en peligro, dónde. No han hecho públicos los videos del Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando C4 de Culiacán que tienen cámaras que monitorean toda la ciudad. No han hecho públicas las bitácoras de todas las llamadas de emergencia y de las comunicaciones intercambiadas ese día, a esas horas entre todas las corporaciones que cohabitan en Culiacán.

Tampoco han dicho porque comenzó a circular por las redes sociales la fotografía de Ovidio Guzmán Salazar mientras estaba supuestamente detenido. El hijo de El Chapo se veía tranquilo, sonriente, no con la cara de a quien le espera un fin similar al de su padre. ¿Quién le tomo la foto?, ¿Con qué propósito? ¿Quién la filtro?

La verdadera disyuntiva no es si el Estado Mexicano se enfrenta a balazos o no con los narcos poniendo en riesgo la vida de las personas, sino si el nuevo Presidente está dispuesto a usar la fuerza del Estado para romper las décadas de complicidad entre el Cartel de Sinaloa e instituciones del gobierno, que es lo que realmente los hace fuertes.

Para lograrlo, en primer lugar debe arrestar a los funcionarios y políticos corruptos que han estado y están en la nómina del Cartel de Sinaloa, que han asistido por años a las fiestas de sus capos como si fueran de su propia familia, incluyendo algunos que actualmente forman parte de Morena, el partido político del Presidente. Debe confiscar las empresas ligadas directamente a El Mayo Zambada y El Chapo registradas por el gobierno de Estados Unidos desde hace más de una década, que siguen funcionando como empresas fachada para traficar droga o para lavar dinero. El poder económico es lo que permite al cartel pagar los sobornos a los servidores públicos, comprar armas, balas y pagar los salarios de los sicarios que durante más de ocho horas aterrorizaron a la población en Culiacán.