El abogado del albañil Alberto Espínola solicitó formalmente que la causa sea investigada por un juez federal. Además, reclamó a la Justicia que peritos de Gendarmería revisen a su asistido para que constaten las lesiones que le provocó la policía.
Por Canal26
Martes 27 de Septiembre de 2011 - 00:00
Se trata del abogado Alberto Domínguez, quien esta mañana se acercó a los Tribunales de Morón y presentó el escrito de pedido de declinatoria de competencia.
"El fuero federal no va a admitir la increíble cantidad de testigos de identidad reservada que cuenta esta causa. Ya van más de 12 testigos de identidad reservada y estoy en condiciones de decir que 9 o 10 de ellos son personas con antecedentes delictivos que lo único que buscan es la recompensa", dijo el letrado.
Domínguez interpretó que, en caso que la justicia federal reciba el expediente, "la causa queda en fojas cero, porque lo único que hay son declaraciones de testigos de identidad reservada".
"A mi criterio, ninguno de los detenidos tiene algo que ver con el caso", sentenció.
Además, el letrado explicó que a su defendido, Espínola, lo involucró un testigo de identidad reservada que, según sospecha, se trata de "un amigo" de su cliente "que tiene antecedentes penales y actualmente trabaja como remisero".
"Es un amigo de Espínola que dijo que lo llevó en su remís a la casa de la calle Kiernan y que, como no pudo ingresar, lo volvió a trasladar a su casa", agregó el abogado Domínguez.
Por otra parte, el letrado presentó otro escrito ante la fiscalía general de Morón para pedir que un perito médico de Gendarmería revise a su defendido y constate las supuestas heridas que sufrió en un presunto interrogatorio policial.
"Espínola está bastante mal porque los golpes le duelen y le hicieron submarino seco. Además, sufrió golpes en las piernas y en los tobillos", dijo el letrado.
Según el abogado, ese supuesto interrogatorio se produjo luego de su detención en el Hospital de Haedo, en "la que la policía llamaba la mesa de situación" que investigó el Caso Candela.
La denuncia de apremio ilegales quedó en manos de la fiscalía de instrucción 7 de Morón, Matías Rapazzo.
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