Según la Procuración General bonaerense, entre los detenidos se encuentran padres y familiares directos de los menores afectados, así como individuos sospechados de poseer, producir y distribuir material de abuso infantil.
Por Canal26
Miércoles 13 de Noviembre de 2024 - 11:26
En un operativo de magnitud histórica, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires realizó 114 allanamientos simultáneos en 65 localidades para desmantelar una red de producción y tráfico de pornografía infantil, logrando el rescate de 70 menores y la detención de 21 personas.
La intervención, denominada “Operación Protección de las Infancias IV”, es considerada la mayor acción de su tipo en la provincia, desplegada por fiscales, policías y fuerzas federales que trabajaron en conjunto para lograr las detenciones.
Según la Procuración General bonaerense, entre los detenidos se encuentran padres y familiares directos de los menores afectados, así como individuos sospechados de poseer, producir y distribuir material de abuso infantil. Durante los procedimientos, las autoridades rescataron a 70 niños y adolescentes, algunos de los cuales eran menores de 9 años.
"Hay indicios claros de que se trata de niños y adolescentes que fueron sometidos a situaciones de abuso y trata", anticiparon los investigadores. La Operación Protección de las Infancias IV fue resultado de una investigación de más de dos meses y medio, coordinada por más de 20 fiscalías especializadas en delitos de abuso y trata de menores.
Esta investigación fue posible gracias a la cooperación entre el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y entidades internacionales dedicadas a la protección de víctimas de explotación infantil, como Grooming Argentina, Aerial Recovery y Operation Underground Railroad, entre otras.
Además, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI) y representantes de la plataforma TikTok contribuyeron al rastreo y monitoreo de los infractores.
Para llevar a cabo los 114 allanamientos, la Procuración identificó “objetivos” en diferentes departamentos judiciales, incluyendo Avellaneda-Lanús, La Plata, La Matanza, San Isidro, y otras localidades de la provincia.
La mayoría de los implicados fueron capturados mientras operaban dispositivos electrónicos dedicados a la comercialización y distribución de material de abuso infantil. En dos casos, registrados en La Matanza, los acusados estaban produciendo este tipo de contenido al momento del allanamiento.
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Uno de los hallazgos más alarmantes se dio en la cárcel de Florencio Varela, donde nueve de los implicados operaban desde sus celdas, continuando con el tráfico de material pornográfico infantil pese a encontrarse ya detenidos por otros delitos. En total, la justicia procesó a 10 personas que cumplían condena en ese penal.
En localidades como Tres Arroyos, Pergamino, Mar del Tuyú, y Santa Teresita, se logró detener a un sospechoso por allanamiento, y en Junín se efectuaron dos arrestos adicionales. En total, 116 personas fueron imputadas por su implicación en este operativo: 97 hombres y 19 mujeres. De estos, 16 mantenían contacto directo con menores a través de su trabajo, y 67 convivían con menores.
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La justicia incautó un total de 529 dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, unidades de almacenamiento digital y otros aparatos. Además, se decomisaron pequeñas cantidades de drogas como marihuana y cocaína, y se incautaron nueve dispositivos no digitales que serán analizados para rastrear posibles evidencias.
La coordinación de este megaoperativo estuvo a cargo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, bajo la dirección de Eleonora Weingast. Además de la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, la justicia está investigando otros delitos relacionados con la producción de este contenido, el grooming o acoso sexual en línea, regulados en los artículos 128 y 131 del Código Penal argentino.
La intervención incluyó la colaboración de fiscales de diferentes Unidades Funcionales de Instrucción (UFI), entre las cuales destacan la UFI 22 de Azul, la UFI 20 de Bahía Blanca y la Ayudantía Fiscal Especializada en La Matanza, que sirvieron como centros de coordinación para detectar y detener a los responsables.
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