Causa "Ñoquis calientes": solicitaron tres años y medio de prisión para una ex ministra de Chubut por corrupción

Declaración de Cecilia Torres Otarola durante el juicio. Foto: x MpfRawson.

Omar Rodríguez, fiscal general de Chubut, pidió una condena de tres años y seis meses de prisión para Cecilia Torres Otárola, exministra de Desarrollo Humano y Familia de dicha provincia. La solicitud tiene que ver con la causa llamada "Ñoquis calientes", donde la exfuncionaria fue hallada culpable de fraude a la administración y exacciones ilegales.

Estos delitos tenían que ver con la contratación de empleados que solo recibían un sueldo sin cumplir con las tareas asignadas en su contrato, entre los que aparecían una niñera y un jardinero personal.

Cecilia Torres Otárola, la ex ministra y ex diputada investigada por presunta corrupción en Chubut.

El fiscal también pidió la inhabilitación perpetua para que ocupe cargos públicos, ya que considera que estos delitos generaron un daño material e inmaterial al Estado. 

Además de Torres Otárola, están implicados en el caso cuatro funcionarios que justamente habían sido designados por ella: Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Retro Trelles. Para ellos, la condena solicitada es de dos años de prisión en suspenso, además de que también sean inhabilitados para ocupar cargos públicos.

Rodríguez también solicitó que sea devuelto al Estado el dinero que recibieron estas personas. Torres Otárola debería abonar $1.915.154 actualizados al 2020, que tienen que ver con fondos estatales desviados. Para el resto de personas, el fiscal colocó los siguientes montos: $424.160 para Miguel Retro Trelles, $242.559 para Mara Rodera y $424.160 para Facundo Solari Rodera.

Declaración de Cecilia Torres Otárola durante el juicio. Foto: x MpfRawson.

Por su parte, la defensa de Torres Otárola, el abogado Romano Cominetti, pidió que la pena sea menor a los tres años, argumentando que la exfuncionaria no tiene otros antecedentes penales, además de que colaboró con el proceso de investigación. Y sumó, por último, que había sido víctima de violencia de género, por lo que considera que debe tomarse como un atenuante.

Se espera que la decisión del tribunal se conozca en los primeros días de febrero, que estará a cargo de los jueces Marcela Pérez Bogado, José Ennis y Carlos Richeri. La sentencia marcará las penas, así como también los montos que deben devolver estas personas, lo que podría sentar un precedente en caso de corrupción pública.