Legislador de "Juntos" pide al gobierno nacional que no entregue 2.900 hectáreas a “usurpadores”

Através de un proyecto de comunicación, el legislador rionegrino de Juntos por el Cambio, Juan Martín, propone exigirle al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Por Canal26

Viernes 6 de Agosto de 2021 - 11:45

Legislador de Juntos por el Cambio, Juan MartínLegislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín.

Através de un proyecto de comunicación, el legislador rionegrino de Juntos por el Cambio, Juan Martín, propone exigirle al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, “que se abstenga de otorgar el reconocimiento comunitario a los usurpadores de las 2.900 hectáreas destinadas a la construcción del Parque Central de Bariloche”.

 

El parlamentario solicita asimismo al gobierno de Alberto Fernández, que “se abstenga en lo sucesivo de otorgar reconocimientos comunitarios de forma irregular y de toda otra acción que comprometa la convivencia pacífica en la región”.

 

La preocupación surgió hace un par de meses, cuando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció a la Lof Che Celestino Quijada y su presencia, actual y tradicional, en unas 300 hectáreas.

 

En esa oportunidad, el intendente declaró que se trata de tierras municipales, y que el Instituto lo hizo “de manera inconsulta con el municipio y sin tener en cuenta la planificación urbana que venimos desarrollando en la zona en términos de preservación ambiental”. Informó que se trata de una zona muy impactada y que requiere una planificación muy específica para su conservación.

 

En el proyecto que Juan Martín presentó esta semana en la Legislatura de Río Negro, el funcionario consideró que “desde su asunción, el actual gobierno nacional ha desarrollado una política destinada a comprometer la paz social en la zona de la cordillera” y que el INAI “fue la punta de lanza de esta política”.

 

“Lejos de su rol de garantizar el acceso a la tierra acorde a derecho a las comunidades indígenas, algo consagrado por la Constitución Nacional, el INAI brindó apoyo a diversos grupos de delincuentes que usurpan tierras en la región amparados por supuestos derechos ancestrales”, expuso Martín.

 

Dijo que en esa línea, se otorgaron reconocimientos comunitarios “de manera totalmente irregular e, incluso, funcionarios del organismo proveyeron logística a diversas ocupaciones hostiles de tierras, como las de Villa Mascardi y El Foyel”.

 

“Ahora, los vecinos de la región cordillerana suman a sus preocupaciones el posible reconocimiento por parte del INAI de 2.900 hectáreas que actualmente tiene en custodia el Ejército Argentino, donde está proyectada la construcción del Parque Central de Bariloche. Dicho proyecto surgió en el año 2014, a partir de una iniciativa de la entonces legisladora provincial Arabela Carreras, con la idea de generar un gran pulmón verde para la ciudad”, recordó el legislador.

 

Al respecto, opinó que “de confirmarse esta inquietante posibilidad, se habrá consumado un nuevo avance sobre la propiedad pública avalado por una gestión que avala actos delictivos y compromete la paz interior”.

 

Recordó además, que como resultado de esta preocupación, representantes de las juntas vecinales de Villa Mascardi, Pájaro Azul, Nahuel Malal y Llao Llao, así como referentes de la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, la Sociedad Rural de Bariloche y el Club Los Pehuenes se unieron para crear un espacio de diálogo y trabajo conjunto focalizado en la inminente pérdida de grandes extensiones de tierras de uso público.

 

Según el funcionario oriundo de General Roca, es necesario asegurar la condición jurídica de las tierras públicas de Bariloche y el libre acceso, uso y goce de dichas tierras, así como promover el libre acceso a la información pública en materia de otorgamiento de tierras y concretar acciones de protección, cuidado y prevención del medioambiente de Bariloche y sus alrededores.

 

“Sin embargo, ninguno de estos objetivos parece estar en la agenda del gobierno, más preocupado por sembrar discordia entre los argentinos, que en administrar los bienes públicos con un criterio de justicia. Es por ello que este proyecto busca visibilizar dichas preocupaciones y objetivos surgidos de la sociedad civil, frente a una casta política que nuevamente le da la espalda y en la que se mezclan autores intelectuales, materiales y dirigentes que guardan silencio cómplice”, concluyó Juan Martín.

 

Fuente: Diego Llorente -El cordillerano

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