Soterramiento del Sarmiento: dictan falta de mérito a Calcaterra y "Corcho" Rodríguez

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó a los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y sus ex colaboradores Roberto Baratta y José López en la causa por el pago de coimas para el soterramiento del tren Sarmiento.

Al mismo tiempo benefició con la falta de mérito a empresarios que habían sido indagados en la causa, entre ellos Ángelo Calcaterra y Jorge "Corcho" Rodríguez.

Los procesamientos sin prisión preventiva incluyeron embargos de ocho millones de pesos para los ex funcionarios kirchneristas por presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública", a raíz del direccionamiento de la licitación para adjudicar las obras.

Este consorcio estaba integrado por las firmas Odebrecht -la constructora brasileña protagonista del escándalo del Lava Jato en su país-, Iecsa, Comsa y Ghella.

El juez remarcó que se espera la llegada de información desde la Justicia de Brasil vinculada al Lava Jato para avanzar con la línea de la investigación relativa al supuesto pago de coimas.

Martínez De Giorgi solo dio por probado que "funcionarios públicos de la estructura del entonces Ministerio de Planificación dirigieron su accionar en sus diferentes etapas, en miras de beneficiar a las firmas" del consorcio empresario.

"Todo ello bajo la órbita y el amparo de Julio De Vido, por entonces titular del Ministerio de Planificación Federal, y Roberto Baratta, quien se desempeñaba como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión", acotó el juez.

Por ello, todos quedaron procesados por presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública", una decisión que incluyó además al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.

El juez también procesó por negociaciones incompatibles al detenido exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, y en sus casos se les sumó el delito de dádivas con embargos de diez millones de pesos.

Por esta última figura quedaron procesados además los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, con embargos de cinco millones de pesos.

"Se reunieron elementos que dan cuenta de la existencia de dádivas" por parte de esos integrantes de las firmas, sostuvo el fallo.