Irregularidades en la AFA: contratos de Chiqui Tapia con Tofoni y Varela son investigados por la justicia Federal

Tapia, presidente de AFA, NA.

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó una batería de medidas de prueba en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en los contratos que la AFA firmó con dos empresas privadas para la explotación de los servicios de imagen digitales y los partidos de fútbol del seleccionado argentino.

Taiano dispuso medidas para establecer la composición societaria de las empresas que resultaron adjudicatarias de los contratos, la integración de sus directorios, las presuntas vinculaciones con integrantes del Comité Ejecutivo de la AFA y la comparativa de los valores de mercado de los acuerdos celebrados.

El fiscal se hizo cargo de la investigación por delegación decidida del juez Sebastián Casanello, quien está circunstancialmente a cargo del juzgado federal número 12, vacante desde que el magistrado Sergio Torres juró como juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La causa se inició a raíz de denuncias públicas formuladas por la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, que fueron recogidas por informes periodísticos.

Esos contratos ahora bajo investigación tienen que ver en esencia con la explotación de los derechos de imágenes no tradicionales del fútbol argentino: TV digital, redes sociales, sitios on-line, agrupados bajo la nomenclatura de “derechos digitales”.

Ese contrato fue adjudicado en 2018 a la empresa Metro World Digital, sobre cuyos antecedentes investiga ahora el fiscal Taiano. Una empresa que de la noche a la mañana cambió su razón social y sin experiencia alguna en el mundo digital fue beneficiada con un contrato millonario como el de las cuentas de la AFA, con Lionel Messi como garantía de éxito en las redes. 

De acuerdo con la denuncia, Metro World Digital está vinculada con Carlos Varela, un estrecho allegado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, no sólo por lazos afectivos sino también a través de empresas recolectoras de residuos y a través del club Barracas Central, del cual fue presidente cuando Tapia asumió en la AFA y le dejó el cargo al hijo de Tapia luego de la firma del polémico contrato que está bajo la lupa de la Justifcia Federal.

El contrato es una suerte de tercerización de la explotación digital de los “productos” que ofrece a AFA, e incluye la promoción en redes sociales, las publicaciones digitales, las transmisiones y el sponsoreo en esos medios fuera de los audiovisuales y gráficos tradicionales.

Se trata de un negocio millonario, que la AFA no explota por sí misma, sino que canaliza a través de empresas del rubro, que se dedican específicamente a eso.

El otro contrato bajo investigación judicial tiene relación con el empresario Guillermo Tofoni, quien tuvo a su cargo la organización de partidos internacionales del seleccionado argentino de fútbol y fue desplazado de esa tarea durante los tiempos finales de la presidencia de Julio Grondona, pero que en la firma del contrato que analiza la justicia, lo une nuevamente a la AFA hasta el 2030.

Según se desprende de otras causas judiciales, incluso de la denominada “Fifagate”, que tramita en los tribunales de Estados Unidos, Tofoni se distanció de Grondona por diferencias en el manejo global de esos partidos internacionales y por las cuestiones económicas derivadas de ellos.

De acuerdo con la denuncia de Ocaña, Tofoni accedió a un contrato por el Instituto Tecnológico de la Selección Argentina, una suerte de escuela de formación integral de futbolistas desde la niñez, con una concesión a 20 años. 

"Queremos saber qué beneficios tienen los clubes con los contratos que firma Tapia. El contrato que firman para el 2022 en adelante, incluye la conformación de un instituto de fútbol a nivel mundial, auspiciado por la AFA, donde no sabemos qué beneficios tendrán los clubes asociados; esto está apoyado por el Gobierno", agregó Ocaña.

Taiano pidió documentación sobre ese contrato, que implica en los hechos la creación de una suerte de academia de formación para jugadores menores de 18 años de edad, a imagen de la Masía, del Barcelona, o –más atrás en el tiempo- la Academia Tahuichi, de Bolivia. Ocaña denunció las condiciones de concesión de esa adjudicación.

En principio, el delito que se investiga es el de “administración infiel”, que está incluido dentro del capítulo de “fraude” en el Código Penal y contempla una pena de hasta seis años de prisión.

La investigación está, por ahora, lejos de una etapa de definiciones. “Se ordenaron medidas de prueba y se están llevando a cabo. Es prematuro para hablar de evaluaciones y mucho menos de eventuales imputaciones”, revelaron fuentes judiciales.