¿Quienes son los sacerdotes acusados de abusos que la Iglesia envió a misiones?

La Iglesia española empleó el sistema de intercambiar a sacerdotes de parroquia, o destino en una orden, luego de ser acusados de abusos sexuales de menores. También se determinó trasladarlos al exterior de España.

Así lo confirman fuentes de los organismos vaticanos de Tutela de Menores, que admitieron que pudo ser una táctica muy difundida y común en España y otros países. Hay documentados hasta 18 casos de curas denunciados o condenados por abusos que fueron a otros países o fueron acusados o detenidos en el extranjero. Están destinados en Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Honduras, Estados Unidos, Benín y Kenia.

Algunos fueron noticia y luego se les dejó de seguir el rastro, mientras que otros pasaron inadvertidos en España y otros sitios. También hay casos como dos salesianos del colegio de Deusto, en Bilbao.

Uno de los ejemplos más destacados es el de Jordi Ignasi Senabre, que fue denunciado por un monaguillo de 13 años de edad de Barcelona en 1988 y luego escapó. El cura luego fue ubicado en Ecuador, ejerciendo como sacerdote, en tanto que el obispado de Barcelona supo siempre de su paradero.

En los 18 casos denunciados se distinguen dos situaciones claras: curas que son descubiertos en España y van al extranjero, y el de otros que son detenidos en otro país por estos mismos delitos.

El último episodio que salió a la luz es el del agustino recoleto Iván Merino, detenido en Venezuela hace dos semanas, acusado de abusar de una menor. En este caso, tanto su orden como la diócesis de Granada, donde era profesor en un colegio hasta 2015, aseguran que su traslado no tuvo nada que ver con denuncias previas y que no consta ninguna. Ocurre lo mismo con el caso de Joan Alonso Bonals, de 53 años, párroco de Alcanar y Les Cases de Alcanar entre 2011 y 2016 (Tarragona), que se mudó a Honduras. Fue detenido allí en agosto de 2017 por una orden de arresto emitida por España y extraditado. El religioso fue acusado de abuso y de prostituir a un menor de 16 años. La diócesis de Tortosa afirma por su lado que no constan denuncias previas contra él. Está en libertad provisional.

Como contracara, la detención en Chile en 2009 de José Ángel Arregui, de la orden San Viator, sacó a la luz crímenes perpetrados por el sacerdote en España, con denuncias en su contra en siete colegios por los que había pasado en País Vasco, Aragón y Madrid. Se lo condenó en 2011, pero parte de los casos habían prescrito. Actualmente está en libertad, confirma su antigua congregación.

Muchos de estos sacerdotes pertenecen a órdenes religiosas que disponen de estructura en el extranjero. Destaca el caso de los maristas en Chile: cuatro religiosos españoles están siendo investigados dentro de una gran causa abierta contra la orden. Las diócesis, por su parte, pueden enviar curas a otros países como misioneros fidei donum, prestados temporalmente a otros obispados, aunque siguen perteneciendo a su adscripción de origen. Es frecuente que las diócesis españolas tengan relaciones históricas con otros países.

El sacerdote de Toledo Santiago Martínez Valentín-Gamazo, de 42 años, fue encarcelado el año pasado en Perú, acusado de abusar de cuatro menores en Moyobamba. Llegó al país en 2007. Según el obispado de Toledo, “fue voluntario, como otros sacerdotes de la diócesis”. Afirman que no tiene denuncias en España.

En Barcelona hay un caso muy particular: acusados de pederastia en los ochenta que montaron su propia orden y siguieron cometiendo abusos en África y América Latina, según fuentes eclesiásticas. Es la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y de María Madre de la Iglesia (MCSPA, en sus siglas en inglés), de Albert Salvans, Pere Cané y Francisco Andreo, el mayor caso de abusos en la Iglesia catalana de las últimas décadas.

Los movimientos hacia otros lugares se dieron otras veces luego de una condena firme, pero sin mayores sanciones disciplinarias. Ocurrió con el agustino recoleto José Luis Untoria, sentenciado en 1997 por abusos sobre 10 menores en un colegio de Salamanca. Recibió una multa y una inhabilitación para la docencia de 10 años. A los pocos meses fue enviado a Perú, hasta 2009. Lo mismo sucedió con el jesuita Luis Tó González, profesor del colegio San Ignacio de Barcelona, condenado en 1992 a dos años de cárcel por abusar de una menor. Su orden le envió ese año a Bolivia, donde residió hasta su muerte en 2017. Consultadas estas dos órdenes, no ven nada raro en la decisión de sacarlos del país y aseguran que después no tuvieron denuncias. No obstante, los jesuitas sí admiten fallos: “No se le abrió un proceso canónico, y claramente entendemos que esto estuvo mal hecho (...), la actuación ante casos de abusos no ha estado a la altura, sobre todo, pensando en la atención a las víctimas y en la falta de respuestas más contundentes, y por eso pedimos perdón”.

Para Gema Varona, una reconocia experta en cuestiones referidas a abusos de menores y presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología, fue un proceder completamente totalmente anómalo y y una conducta “vergonzosa”.

Según José Ramón Juárez, psicólogo y perito en casos de abusos juzgados en Chile, no solo hay que sostener la dificultad de la víctima para denunciar, sino la inferioridad del abusado frente a la Iglesia. “Para la víctima no es solo David contra Goliat, es casi David contra el representante de Dios”, explica. Juárez, especialista en abusos en Latinoamérica y miembro de la asociación catalana Mans Petites, subraya que las jerarquías eclesiásticas suelen tener más influencia en estos países, “bien por la gran diferencia entre clases sociales o por la fuerte presencia social que poseen por sus numerosas actividades de caridad, lo que se traduce en una mayor impunidad”.

En 2002, cuando se dio inicio al escándalo de los abusos, uno de los primeros libros en ser publicados en España al respecto ya dejaba todo claramente expuesto. Pepe Rodríguez, coordinador de la facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, escribía en Pederastia en la Iglesia católica (Ediciones B): “A un cura que abusa sexualmente de menores se le suele trasladar a parroquias cada vez más humildes —bajo la creencia de que la gente con escasos medios económicos y culturales soporta mejor los abusos y no tiene recursos ni credibilidad para enfrentarse a la Iglesia—, aunque, cuando el escándalo comienza a estallar, o amenaza con hacerlo, es muy común enviar al clérigo a otro país. El destino más habitual del clero pedófilo español es Latinoamérica”.