Colombia: las dudas que aún sobrevuelan el caso Odebrecht

Logotipo corporativo del conglomerado de construcción Odebrecht SA. Foto: Reuters.

Después de casi siete años, 11 condenas, múltiples confesiones, y cientos de procesos penales contra exfuncionarios y empresarios, aún no están del todo desenredos los hilos de corrupción y poder del caso Odebrecht, la red de sobornos que operaba la multinacional brasileña en una decena de países de América Latina y que destapó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a finales de 2016.

La Fiscalía General de la Nación colombiana pretende dar por cerrado las investigaciones esta semana. De un lado, el de los pagadores de coimas, se anunció la imputación de delitos a 22 personas, encabezadas por el dueño la compañía, Marcelo Odebrecht. Según un comunicado, todos ellos están acusados de haber creado "una empresa criminal para entregar más de 80.000 millones de pesos (unos 20 millones de dólares) en sobornos en Colombia".

Se trata de la primera vez que las autoridades colombianas imputan cargos a los implicados brasileños, señalados de haber pagado sobornos para obtener la obra de un túnel de alcantarillado en Bogotá llamado Tunjuelo-Canoas, luego la concesión vial Ruta del Sol 2, una adición a esta conocida como transversal Ocaña-Gamarra y, por último, para obtener las obras de navegabilidad del río Magdalena con la concesionaria Navelena. Para aceitar todo el mecanismo, financió irregularmente campañas presidenciales en 2010 y 2014.

Odebrecht. Foto: Telam

El anuncio del organismo se conoció apenas dos días después de que el presidente Gustavo Petro reclamara castigos más fuertes por el caso, tras el acuerdo que el Grupo Aval (propiedad del magnate Luis Carlos Sarmiento y que se alió con Odebrecht para quedarse en 2009 con la Ruta del Sol 2) firmó en Estados Unidos, reconociendo haber incumplido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y sancionado con 80 millones de dólares.

El jefe de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, sentenció que "la Fiscalía develó casi por completo toda esta estructura de pago de sobornos. Ya se judicializaron, se procesaron, incluso condenado numerosas personas". Pese a ello, las dudas se siguen multiplicando.

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Más dudas que certezas

Todavía no hay seguridad sobre la identidad de uno de los tres funcionarios de alto rango relacionados en el acuerdo del Grupo Aval como beneficiarios del pago de coimas. Según el texto, se sabe que perteneció a la rama ejecutiva entre "en o alrededor de 2010 y en o alrededor de 2018", es decir, durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. Además, habría recibido pagos por 3,4 millones de dólares.

Juan Manuel Santos - Colombia. Foto: archivo.

Ante esta situación, el exmandatario trató de despejar las dudas. "Si alguna de las partes del acuerdo entre Corficolombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente", escribió en un tweet.

La Fiscalía colombiana dice desconocer quién sería el denominado "funcionario colombiano tres" y dio por judicializada a toda la cadena de implicados en el país. "No existe en este momento ningún soporte para iniciar investigaciones adicionales a lo que ya hemos esclarecido y judicializado previamente", expresó Jaimes, descartando nuevas indagaciones.

Por otro lado, se confirmaron aportes por 3.045 millones de pesos colombianos a la campaña del excandidato presidencial del uribismo Óscar Iván Zuluaga, quien se encuentra imputado, y de 3.530 millones a las de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, cuando fue reelegido. 

El Fiscal Gabriel Jaimes.

Como expresidente, Santos goza de fuero especial, por lo que le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes adelantar cualquier posible investigación en su contra.

Otro frente abierto por el fiscal general Francisco Barbosa es la imputación de cargos contra 33 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por haber aprobado modificaciones de contratos que favorecieron a Odebrecht y a su socio Aval, causando millonarias pérdidas al Estado colombiano. 

Según la Fiscalía, dichas modificaciones se aprobaron entre 2013 y 2015, durante el primer mandato y la reelección de Santos. "Hacer una vinculación de un tema con el otro, es uno de los aspectos que debe ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara", subrayó el fiscal Jaimes.