El asesinato de una conocida activista abre un nuevo episodio en la espiral de violencia en Morelos

Un informe de El País muestra el infierno se expande en Morelos y poco puede decirse que no se haya dicho ya. Eventos terribles se suceden en el Estado balneario, región preferida de los turistas de la capital. El asesinato de la abogada Ana Luisa Garduño hace unos días en Temixco, municipio pegado a Cuernavaca, confirma una deriva preocupante. El de Garduño, de 51 años, es el séptimo asesinato de un activista en la región desde la llegada al poder de Cuauhtémoc Blanco, en diciembre de 2018.

Hasta su asesinato, la mujer trataba de hacer justicia por el homicidio de su propia hija, casi diez años atrás. Garduño nunca quitó el dedo del renglón. Reclamó a la Fiscalía que investigara, estudió Derecho, se acercó a otras familiares de víctimas, evitó la habitual mancuerna de impunidad y olvido. Incluso creó una asociación para asesorar a personas que hubieran pasado por situaciones como la suya.

Lizbeth Cerón, compañera de activismo, recuerda que estuvieron juntas en búsquedas de personas desaparecidas en diferentes puntos del Estado, Cuautla, Cuernavaca… La hermana de Cerón, Jéssica, había desaparecido en agosto de 2012, meses antes de que asesinaran a la hija de Garduño. “Mi mamá y ella a diario se hablaban. De hecho Ana Luisa decía que mi mamá era su parejita. Había una amistad muy cercana”, evoca.

La falta de apoyo estos años por parte del Gobierno estatal agrava el caso de la defensora. Como ha explicado estos días Israel Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la oficina de atención a víctimas de Morelos había evitado pagarle la remuneración que le correspondía, pese al informe favorable del ombudsman, que atendió la denuncia de Garduño y de otras 70 víctimas en situación parecida.

Para Hernández, el asesinato de la abogada “genera un efecto censura, de no alzar la voz contra violaciones que se están dando en el Estado, en múltiples aspectos”. Hernández añade: “Fíjate que llevamos 3.000 asesinatos en lo que va de Administración, incluyendo feminicidios. En la Comisión todo el tiempo estamos monitoreando notas sobre este asunto para ver detenciones en flagrancia y no hay. Es bien importante esto, porque en el mejor de los casos se explica por omisiones y en el peor, por complicidad de las autoridades”.

Las circunstancias del asesinato, los posibles motivos, distraen de lo relevante: la repetición constante e incontenible, la inoperancia gubernamental. Tragedia de todo un país, Morelos la encarna estos días como también Michoacán, Zacatecas, Baja California o Quintana Roo. La violencia arrecia y las explicaciones abundan, igual que las interpretaciones. ¿Fue un mero robo? ¿Una venganza por el caso de su hija? ¿Un castigo por su activismo? Lo único cierto es que fue, situación que no admite excusa alguna.

Como en el resto de regiones del país, en Morelos impera la impunidad. Asesinatos, ejecuciones, masacres, desapariciones… Cualquier delito queda habitualmente sin castigo. Las autoridades preventivas y procuradoras de justicia carecen de una visión a largo plazo, a veces por la enorme carga de trabajo que soportan, pero también por la falta de medios, desidia, peleas internas o pura negligencia. Lo anterior se mezcla en Morelos con una batalla política fantasmal, visible a ratos en forma de narcomantas o denuncias cruzadas entre el gobernador y funcionarios de la Administración anterior.