Honduras: la ONU alertó sobre la militarización de la seguridad pública

Militares en Honduras. Foto: Reuters

La ONU expresó su preocupación por la "militarización de la seguridad pública" en Honduras, dos días después de la prolongación del estado de excepción que rige en el país para combatir la delincuencia.

Human Right Watch (HRW) y la ONG local Cristosal afirman que hubo arrestos arbitrarios masivos y han documentado casos de desapariciones forzadas, de tortura en detención y entre 90 y 106 muertos bajo custodia, un número que varía de acuerdo a lo que dice el Gobierno y las ONGs.

"Reconocemos que es urgente atacar los actuales niveles de violencia en el país, tanto en el interior como en el exterior de las cárceles", declaró Marta Hurtado, vocera del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humano en una rueda de prensa en Ginebra.

El estado de excepción fue originalmente decretado el 6 de diciembre de 2022 "en virtud de la grave perturbación de la paz ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados", como las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

Militares en Honduras. Foto: Reuters

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Polémica por la medida

Esta medida, dice el Alto Comisionado en un comunicado, "permite a la policía militar apoyar a la policía nacional en la ejecución de labores de seguridad pública" pero "deroga el derecho a la libertad individual, la libertad de asociación, de reunión y de movimiento". Las autoridades habían anunciado el 21 de junio que el mando y el control del sistema penitenciario eran transferidos a la policía militar, según la ONU.

Esta decisión fue tomada tras la reyerta en una cárcel de mujeres entre bandas rivales en las afueras de la capital, Tegucigalpa, que dejó 46 fallecidas entre las detenidas, según Hurtado.

Militares en Honduras. Foto: Reuters

"Desde entonces, se han llevado a cabo operaciones de la policía militar en todas las cárceles de Honduras", indicó, y según las primeras informaciones de la ONU y ONGs, "los detenidos, especialmente los que están asociados a pandillas, fueron golpeados y recibieron patadas por parte de la policía militar".

La ONU considera que "el sistema penitenciario tiene que estar bajo control civil", en el marco de una estrategia para combatir las causas profundas de la violencia.

La situación pone en alerta a la ONU, después de que una política similar fuera puesta en práctica en el Salvador para combatir la violencia de las pandillas en marzo de 2022. Este régimen de excepción, que fue ampliado mes a mes, implicó la pérdida de las garantías constitucionales para todos los ciudadanos y la presencia masiva de militares y policías en la calle.