La CIDH le pidió explicaciones a Perú por la posibilidad de excarcelar a Alberto Fujimori

Alberto Fujimori. Foto: REUTERS.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió explicaciones a Perú para que, en menos de una semana, informe el estado de cumplimiento de la sentencia que le ordenó no indultar al expresidente Alberto Fujimori, un día después de que la justicia peruana dejara abierta la posibilidad de excarcelarlo.

"Se solicita al Estado que, a más tardar el 6 de diciembre de 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en la resolución de 7 de abril de 2023", dijo el tribunal en un documento firmado por su secretario, Pablo Saavedra.

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La situación judicial de Fujimori

El exmandatario cumple desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y meses después la justicia revocó el beneficio.

El Tribunal Constitucional ordenó en 2022 restablecer el indulto, pero el 7 de abril de este año la Corte IDH, haciendo lugar a acciones interpuestas por deudos de víctimas, le ordenó al Estado peruano que no cumpliera aquel fallo.

Alberto Fujimori, Perú. Foto: EFE

Perú "debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de Perú el 17 de marzo del 2022, que restituye los efectos al indulto 'por razones humanitarias' concedido a Alberto Fujimori el 24 de diciembre del 2017", dijo entonces la Corte IDH.

El tribunal panamericano fundó su decisión en que el Constitucional peruano "no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimento de sentencias del 30 de mayo del 2018".

Mientras tanto, el Poder Judicial informó que un tribunal de la región sureña Ica recibió el expediente que solicita la excarcelación de Fujimori y lo resolverá "dentro del plazo solicitado".

A su vez, el Ministerio de Justicia afirmó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte acatará la decisión que tome el juez.