Chile: la Corte Suprema amplía delitos de extradición del expresidente Fujimori a Perú

Alberto Fujimori en libertad. Foto: EFE

La Corte Suprema de Chile aprobó una petición especial para ampliar los delitos por los que fue extraditado a Perú el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en septiembre de 2007. La decisión fue tomada el 19 de enero por el máximo tribunal chileno por los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros.

Aunque la Procuraduría General del Estado peruano no detalló los casos que implican la comisión de esos delitos, señaló que su solicitud fue aceptada al haber cumplido con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y lo dispuesto en el Tratado de Extradición, entre ambos países.

El expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Foto: Reuters

Asimismo, la entidad añadió que el 15 de septiembre de 2023 se amplió la competencia del procurador Javier Pacheco para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano ante las autoridades y sedes jurisdiccionales de Chile en los procesos de ampliación de extradición activa de Fujimori.

"Nuestra institución reafirma su compromiso en la defensa jurídica del Estado en toda instancia en la que sea competente", concluyó.

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La Causa de Alberto Fujimori en Chile

La Corte Suprema de Chile ya había ampliado en junio de 2017 la extradición de Fujimori para que sea investigado en Perú por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita por el asesinato de seis campesinos en el llamado caso Pativilca, también cometido por el grupo Colina en 1992.

El expresidente de facto de Perú que, actualmente está siendo procesado por este caso, salió en libertad en diciembre del año pasado luego de que el Tribunal Constitucional restituyó los alcances del indulto humanitario que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kucyznski.

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El exgobernante, de 85 años, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por las masacres de los Barrios Altos y La Cantuta, cometidos en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo Colina, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe de Estado que dio en 1992. También, fue condenado, por diversos delitos de corrupción, en otros cuatro casos, con penas que variaron entre 6 y 8 años de cárcel, que ya cumplió.