"El mandato, como institución internacional independiente, es procesar los crímenes más graves según el derecho internacional", declaró el funcionario de la Unión Europea.
Por Canal26
Lunes 20 de Mayo de 2024 - 21:35
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, recordó este lunes que los Estados que ratificaron los estatutos de la Corte Penal Internacional (CPI) están obligados a ejecutar sus decisiones.
Borrell se pronunció tras la decisión del fiscal de la CPI, Karim Khan, de solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como el líder de Hamás, Yahya Sinwar, y de su buró político, Ismail Haniyeh, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Israel y Palestina.
"Tomo nota de la decisión del Fiscal de la CPI de solicitar órdenes de arresto ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Yahya Sinwar, Mohammed Deif, Ismail Haniyeh, Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant", expresó Borrell.
El jefe de la diplomacia europea indicó que "el mandato de la CPI, como institución internacional independiente, es procesar los crímenes más graves según el derecho internacional". Y recordó: "Todos los Estados que ratificaron los estatutos de la CPI están obligados a ejecutar las decisiones de la Corte".
En este caso, la investigación abierta en la CPI desde 2021 incluye los crímenes cometidos desde 2014 y hasta la actualidad en el territorio palestino ocupado, lo que afecta al Gobierno israelí y sus Fuerzas Armadas, y a todas las milicias palestinas.
El fiscal presentó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI pruebas que justifican cinco órdenes de arresto contra altos cargos israelíes y palestinos.
En el caso del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), busca el arresto de Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al Masri (Deif), jefe del ala militar de Hamás (Brigadas Al Qassam); y Haniya. En Israel, busca la detención de Netanyahu y Gallant. Khan espera ahora autorización de los jueces a su solicitud.
Los crímenes de guerra alegados se cometieron en el contexto del conflicto armado entre Israel y Palestina, e Israel y Hamás, mientras que los de lesa humanidad fueron parte de un "ataque generalizado y sistemático" contra la población civil conforme a políticas de la organización (en el caso de Hamás) y a una "política de Estado".
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Estos son seis crímenes de guerra (asesinato, toma de rehenes, y otros crímenes cometidos en el contexto de cautiverio: violación y actos de violencia sexual, tortura, trato cruel, ultrajes a la dignidad personal) y cinco crímenes de lesa humanidad (exterminio, asesinato, violación y otros actos de violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos).
Khan consideró a Netanyahu y Gallant "responsables a nivel penal" de cuatro crímenes de guerra (uso del hambre como método de guerra; trato cruel y gran sufrimiento intencionado o daños graves a la integridad física y la salud; asesinato intencionado; ataques intencionadamente dirigidos contra la población civil) y tres crímenes de lesa humanidad (exterminio y asesinato, incluido en el contexto de muertes causadas por hambre; persecución; y otros actos inhumanos).
La CPI tiene 124 Estados miembros, entre los que no está Israel, pero sí Palestina, lo que da a la CPI jurisdicción sobre los crímenes cometidos en territorio palestino o por nacionales palestinos en otro Estado, aunque este no sea miembro.
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