Argentina: un país no tan federal
Unitarios y Federales.
Desde 1820 y durante medio siglo el país se dividió en unitarios y federales, que regaron el suelo patrio con sangre en crueles batallas entre hermanos. Una constitución que se proclama federal pero incorpora muchos de los idearios unitarios selló una paz y un modelo de organización nacional que permitió consolidar una nación que ocupará un rol importante en el mundo de comienzos del siglo XX.
Esa constitución establecía que la aplicación de los impuestos directos era facultad de las provincias argentinas. El gobierno fraudulento que gobernaba en 1932 decidió crear por decreto, en forma provisoria y por tiempo limitado, un impuesto a los réditos que recaudaría la Nación. Demás está decir que ese impuesto fue para siempre y hoy lo conocemos como impuesto a las ganancias.
Cuando se aprobó la ley de coparticipación federal el impuesto a las ganancias quedó dentro de los que recauda la Nación, pero que distribuye cerca de la mitad a las provincias argentinas.
Un signo distintivo de un país federal lo constituye cómo se recaudan los impuestos y quién ejecuta los gastos. A pesar de los discursos y las normas constitucionales el peso del gobierno nacional sobre los Estados provinciales es tan fuerte que finalmente existe un federalismo formal y un unitarismo real.
Los diputados y senadores de la Nación juran por la constitución al momento de asumir sus cargos, que establece un gobierno representativo, republicano y federal. Desde las bancas deberían defender al federalismo tanto por ser una norma constitucional como por defender los territorios por lo cuales fueron elegidos.
Por estos días la Cámara de Diputados de la Nación aprobó de manera casi unánime una norma que modifica el impuesto a las ganancias y que deja fuera del alcance del impuesto a los trabajadores que ganan menos de ciento cincuenta mil pesos.
El Estado dejará de percibir 45000 millones de pesos, pero muchos de esos millones serán destinados al consumo, con el consecuente aumento de la recaudación del IVA, por lo que del neto resultante más de la mitad pertenece a las provincias.
Bajar impuestos es una tarea simpática, plagada de halagos y en este caso se hace eco de un justo reclamo de los trabajadores. Es sorprendente que no hubiera reclamos en defensa del federalismo como ocurre cuando se discuten rebajas en impuestos a los ingresos brutos.
Los trascendidos al respecto afirman que para cubrir la brecha presupuestaria se apelaría a incrementar los impuestos sobre empresas o al impuesto inflacionario. Ambos criterios impactan en las provincias, el primero porque las empresas están enclavadas en su territorio y pierden competitividad y el segundo porque el impuesto inflacionario no es coparticipable.
La distribución del impuesto inflacionario es discrecional, no obedece a ninguna regla ni tiene pautas. La voluntad impuesta por un poder central es un rasgo distintivo de un sistema unitario.
La reforma constitucional de 1994 incorporó una cláusula transitoria sobre la necesidad de una nueva ley de coparticipación, e incluso dejó sentadas las bases que deberían regir las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias. Lamentablemente el mecanismo de aprobación es tan complejo que después de 27 años el tema sigue sin tratarse y en el mientras tanto las provincias fueron perdiendo recursos propios.
Hace muchos años que no se discute una reforma integral del sistema impositivo argentino, se hacen parches sobre la marcha, el sistema está plagado de impuestos distorsivos, algunos atentan contra la producción, otros contra el trabajo, otros alientan el contrabando. La reforma integral debe enmarcarse en un país federal tal como lo marca nuestra constitución, y que haga realidad el lema “gobernar es crear trabajo".
