Claro, Tigo y la UNE: el caso emblemático de US$400 millones no investigados

Una causa judicial que se remonta a 2011 y fue definida como "una de las batallas legales más grandes en la historia de Guatemala", tal como afirma el sitio Nómada (de dicho país) involucra a Claro, Tigo y la UNE.

Un caso que se resolvió en las vísperas del triunfo de Otto Pérez Molina (2012-2015). Un interrogante sobre US$400 millones que no fueron investigados. Y doce cheques que Claro entregó al Partido Patriota en 2011 a cambio de ayuda para vencer a su rival, Tigo. Así lo afirma la investigación de dicho medio.

En junio de 2017, los empresarios constructores debieron presentarse a la Justicia acusados de entregar los sobornos que el ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, a cambio de la adjudicación y el pago de contratos de obra pública.

Según las investigaciones, los sobornos llegaban a las cuentas de Sinibaldi a través de una red de empresas que también sirvieron para triangular aportes ilegales a la campaña del Partido Patriota (PP), explica el artículo.

Entre los aportes figuraban los Q15 millones ($2 millones) que Telgua/Claro pagó con doce cheques avalados por el entonces gerente general, Julio Carlos Porras Zadik, y que según él, formaron parte de una estrategia para evitar que Claro se fuera a la quiebra.

La historia comenzó cuando Julio Carlos Porras se convirtió en el primer empresario en aceptar haber financiado ilegalmente al PP.

Tal como lo confesó, lo habría hecho porque el gobierno de la Álvaro Colom y la UNE lo había perjudicado en una disputa legal que Claro mantenía con Tigo, disputa que implicaba un pago por US$400 millones que, según él mismo, podría haber significado la quiebra de Claro.

En ese marco, Porras fue sentenciado luego de un proceso abreviado, pero conmutó su pena a cambio de la confesión del pago de una multa de Q500 mil y el compromiso de construir dos salas de videoconferencia para el Organismo Judicial.

Pero la historia no terminaría allí. Según el sitio Nómada, en su declaración, Porras se limitó a decir que el caso era por unas “tarifas”. Pero más tarde, el comisionado Iván Velásquez refrendó en conferencia de prensa que lo que había motivado a Porras eran unas “resoluciones” del gobierno de la UNE que favorecían a Tigo. 

En 2001 Tigo quiso renegociar con Claro el contrato de interconexión que ambas empresas habían suscrito en 1998. Sobre todo, porque Tigo consideraba que era necesario disminuir el Cargo de Terminación a Red Móvil (CTM). 

El desarrollo de la tecnología móvil permitía reducir los costos pero Claro se negaba a renegociar la tarifa. El conflicto llegó a la esfera gubernamental enviado por un panel arbitral local en la Cámara de Comercio.

Tras no llegar a un acuerdo, en octubre de 2004 Tigo presentó ante la SIT su propuesta para un nuevo tarifario. La Ley de Telecomunicaciones, en su artículo 33, establece que si luego de cinco días de haber sido notificada: “una parte no presenta su propuesta en un punto en disputa, se resolverá a favor de la otra parte”.

Los plazos terminaron y Claro nunca envió su propuesta: un exfuncionario de la Superintendencia de Telecomunicaciones recuerda que el caso era complicado: “no tanto por la parte técnica sino por lo demás. No era sólo cuestión de revisar un contrato sino de meter las manos en millones y millones que ya estaban en juego. Nadie quiere hacerse enemigo de una de esas dos empresas”.

De un lado estaba Claro y del otro, Tigo. Propiedad respectivamente del sexto hombre más rico del mundo, Carlos Slim (América Móvil, Claro); y del hombre más rico de Centroamérica, Mario López Estrada (Tigo).

En su declaración ante la Justicia, Porras explicó que él se encontraba como gerente de operaciones de Claro en Suramérica, cuando su “empleador” lo llamó para regresar a Centroamérica en 2008 debido a que estaban perdiendo mercado frente a Tigo. 

Según el registro de la SIT, fue entre 2008 y 2011 que Tigo pasó a liderar el mercado de la telefonía móvil nacional, sacándole una ventaja de más de 1.5 millones de usuarios a Claro, es decir que la fecha coincide más bien con la reactivación del litigio entre las compañías.

Con la llegada de Álvaro Colom al Gobierno y la UNE, Oscar Chinchilla fue sustituido por Mynor Samayoa Recari al frente de la SIT, y retomó el expediente con la firma de una resolución que daba por aprobada la renegociación de la tarifa planteada por Tigo.

Esa resolución fue calificada por Porras como “anómala e ilegal” y ratificada por el entonces ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo (resolución No. SA-551-2009), en un ministerio dominado por el entonces todopoderoso financista y secretario privado, Gustavo Alejos, que hoy guarda prisión por un caso de corrupción en la Salud. 

Consultado por el caso, el expresidente Álvaro Colom dijo apenas recordar que el caso “tenía que ver algo con algo del contrato pero Claro no acudió cuando correspondía la conciliación”, segúnconsigna Nómada, quien recordó también una reunión sostenida en casa presidencial donde según explicó le pidieron que como presidente ordenara a su ministro que rectificara pero él explicó que no podría.

Porras, en cambio, dijo en su declaración que dentro de la UNE sí hubo quienes “fingieron” querer ayudarle. O más bien, que intentaron pedirle sobornos.

En ese marco, un ex funcionario que no dio su nombre habría asegurado que: “René González se metió a ofrecer apoyo para Claro porque tenía un negocio de distribución de tarjetas de Claro, pero él no tenía capacidad de cambiar una decisión de aquel nivel”.

Por su parte, el empresario Gregorio Valdéz también habría ofrecido ayuda en la resolución ministerial a cambio de que le dieran participación en un negocio de llamadas internacionales, según explica el artículo de Nómada.

Tras varias instancias judiciales, Claro volvió a apelar pero sin resultados. Porras responsabilizó entonces a Acisco Valladares, director jurídico y de asuntos corporativos y después jefe de asuntos corporativos de Tigo de ser el gestor en tribunales de aquellas resoluciones. 

Mientras más se alargaba la disputa judicial, la deuda de Claro seguía creciendo. Fue así como Tigo consideró que la deuda llegó a los $400 millones.

En el banquillo y frente a las acusaciones, Porras afirmó que estaba “desesperado” porque “como guatemalteco no quería perder Telgua”. 

Julio Ligorría ha sido un asesor de presidentes latinoamericanos en momentos de crisis, el día que se conocieron con Porras según el mismo recordó, se presentó con fotos al lado de Reagan, Bush, el Papa y Obama. 

Ligorría pidió el expediente del caso y dos semanas después regresó con su propuesta.

En junio de 2011, Claro consiguió que el juzgado de primera instancia de Puerto Barrios otorgara medidas cautelares en su favor.

Un mes después volvió a apelar ante la más alta corte con un recurso que no sólo fue rechazado sino que amerito una multa al abogado, porque ni siquiera especificó cuál era la ley o reglamento que violentaba los derechos constitucionales de la empresa.

Mientras se ganaba tiempo,  Porras recordó según el texto que era Ligorría quien llamaba para preguntar por los cheques de financiamiento ilegal al Partido Patriota.

Un exfuncionario de Tigo explicó que a fines de 2010, en represalia por el caso del cobro de llamadas entre empresas, Claro aprovechó una ventaja contractual que le permitía fijar la tarifa que cobraba a Tigo por la terminación de las llamadas de larga distancia.

La fijaron un 20% más alto que la que ellos cobraban. Esa diferencia de precios le hizo perder mercado internacional a Tigo y en 7 meses, lo que dejaron de ganar ya sobrepasaban los US$5.4 millones, según el exfuncionario.

La solución para Tigo, dijo Valladares en el reportaje con Nómada, fue desistir de la demanda por los US$400 millones.

Más adelante, Porras conoció a Alejandro Sinibaldi, administrador del financiamiento electoral y según declaró, le habría vuelto a pedir dinero.

"Con la arrogancia que lo caracteriza, me dice: hay que ponerse las pilas porque Tigo ya dio más que ustedes”, allí fue donde le pidieron un aporte de Q5 millones más para la campaña.

Aunque Porras ya fue condenado y la batalla por los US$400 millones ya terminó, aún quedan dudas que el MP y la CICIG deberán despejar.

Por un lado, si hubo algún interés de las autoridades del ministerio de Comunicaciones del gobierno de la UNE por favorecer a Tigo.

El superintendente Mynor Samayoa Recari y el ministro Guillermo Castillo, que hicieron resoluciones que beneficiaron a Tigo, terminaron en el partido Todos, fundado por el expresidente legislativo de la UNE, Roberto Alejos, y financiado, según sus propias declaraciones, por su primo, el exsecretario privado Gustavo Alejos. 

Por otro lado, el exministro Guillermo Castillo estuvo a punto de asumir como diputado de Todos en sustitución de Christian Boussinot pero no lo logró porque no tenía finiquito de su tiempo en el ministerio. 

Pero hubo caso que podría ser considerado como antecedente: en 1999, Millicom, propietaria de Tigo, entregó cheques por Q3.5 millones al entonces candidato presidencial ganador, Alfonso Portillo (2000-2004). Un ex trabajador de Tigo dijo que le dieron esos aportes porque “Ley de Telecomunicaciones impulsada por Álvaro Arzú (1996-2000) era injusta con nuestra empresa en Guatemala y por eso apoyamos al otro candidato”, según publica Nómada.

La otra parte que se debería investigar o quedó pendiente es determinar la responsabilidad de América Móvil, propietaria de Claro, en el caso de financiamiento ilícito por US$2 millones en Guatemala.

En el libro del periodista mexicano Diego Osorno, autor de la biografía más amplia sobre Carlos Slim, habría otro caso similar según relata el texto: "El más notorio quizás sea el de la fundación Amigos de Fox que fue utilizada para esconder a los verdaderos financistas de la campaña de Vicente Fox en 2000. Slim y sus empresas estaban involucrados, pero la debilidad de las leyes mexicanas hizo que pudieran evadir la demanda".

Entre las preguntas que la Justicia indagó a Porras y que él logró evadir se le preguntaba quién fue el “patrón” que le pidió regresar a Guatemala. Julio Carlos Porras se limitó a señalar que su patrón era América Móvil.

Ese mismo año, el entonces gerente de operaciones, Enrique Castellanos, entregó Q258 mil a quien sería el secretario privado de Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, para apoyar con el pago de celulares que el Partido Patriota utilizaba en la campaña. 

América Móvil, por su parte, respondió al caso afirmando que ya ordenaron una auditoría extensa para determinar la responsabilidad de sus empleados. Pese a que la batalla legal implicaba una posibilidad real de perder US$400 millones, tan grande que Julio Carlos Porras afirma que podía hacer quebrar a la compañía en Guatemala, en ninguno de los informes que América Móvil presentó ante la bolsa de valores en los años 2009, 2010 y 2011 se hizo mención del caso.

En ese complicado marco, Claro sigue como proveedor del Estado de Guatemala y haciendo negocios con él a pesar de su involucramiento y sentencia en el caso de financiamiento ilícito.

En 2017 ha recibido contratos por más de Q73 millones, superando a Tigo que tiene ventas por Q59 millones.

Según la propia reflexión de Diego Osorno, "Son estos sectores económicos, como la telefonía, que dependen del control gubernamental, los que fundamentan la fortuna de Carlos Slim y los típicos capitalistas latinoamericanos que construyen su riqueza aprovechándose de la debilidad de las instituciones y de la captura del Estado".