Empresas argentinas, investigadas por Estados Unidos en causa de Cuadernos K

El gobierno de Estados Unidos activó sus mecanismos contra la corrupción a raíz de los casos derivados de los Cuadernos de Coimas K en la Argentina.

La Adminsitración de Donald Trump mandó a Buenos Aires a varios emisarios para reunir información del caso y poner la lupa sobrevarias empresas argentinas.

Uno de los enviados es del Departamento de Justicia; y el otro perteneces a la Comisión de Valores. Ambos mantuvieron varias reuniones en nuestro país; como por ejemplo, las que tuvieron con investigadores de la pesquisa que dio inicio con las anotaciones del chofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno en sus cuadernos, y también otras con los fiscales locales que llevan el caso Techint.

Los emisarios del Gobierno estadounidense llegaron a Buenos Aires para articipar en un evento sobre "soborno trasnacional" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que incluyó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) local y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Pero ya en Buenos Aires pidieron reunirse con quienes investigan a empresas argentinas que cotizan en Wall Street con acciones conocidas como "ADRs".

Las empresas que están siendo observadas de cerca por el Gobierno de Trump son Techint -mediante Ternium y Tenaris-, Corporación América y Pampa Energía, por coimas, y el Banco Macro, por la causa Ciccone.

Los enviados norteamericanos quiere determinar si abren investigaciones basadas en la ley de prácticas corruptas en el extranjero" (FCPA, en inglés); una norma que establece sanciones civiles y penales para las firmas que pueden ir desde multas millonarias hasta la suspensión para conseguir contratos con el gobierno de los Estados Unidos y otros organismos multilaterales. También multas y penas de hasta 20 años de prisión para sus accionistas, ejecutivos e intermediarios.

Una investigación conjunta puede derivar perfectamente en sanciones por sus ilícitos comprobados en la Argentina o con el archivo del expediente.

Por eso, además de su reunión con los fiscales de la causa de los cuadernos de las coimas, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, los enviados se reunieron con los fiscales Paloma Ochoa y Eduardo Taiano, que impulsan causas por sospechas de sobornos vinculados a Techint en Brasil e Italia.

puntual sobre dos ejecutivos de Techint, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, que ya reconocieron ante el juez Claudio Bonadio que le dieron dinero "sucio" a Roberto Baratta , colaborador del entonces ministro Julio De Vido . Betnaza dijo que lo había hecho por razones "humanitarias" para permitir la salida de Venezuela de empleados de Sidor acosados por el gobierno chavista. Esa empresa, que era de Techint, terminó estatizada (y finalmente el holding recibió 1900 millones de dólares).

Luego de las confesiones de Zabaleta y Betnaza, Bonadio citó a Paolo Rocca, que no es un arrepentido, el 5 de octubre. Contrariamebte, sostuvo que se enteró de esos pagos ilegales por la prensa y que Betnaza actuó con "autonomía", incluso para disponer de fondos que extrajo de los "dividendos de los socios".

Los voceros de Techint -consultados por un medio periodístico- han expresado que hasta ahora, el holding "no recibió ningún contacto de ningún emisario del Departamento de Justicia o de la SEC".

El grupo afronta investigaciones judiciales en Italia y Brasil por presuntos pagos de sobornos, con distintos grados de avance procesal. En Milán, el fiscal Fabio Di Pasquale, requirió la indagatoria de Rocca, mientras que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) brasileño le prohibió a Techint presentarse a licitaciones federales durante cinco años, decisión que el holding busca revertir en sede judicial.

El viaje de los emisarios a la Argentina es la primera movida que se conoce de parte de organismos de Estados Unidos desde que se hizo público el escándalo de los cuadernos.

Hace pocos días, otros abogados de otros estudios norteamericanos también pasaron por Buenos Aires para estudiar la situación.

Algunos de estos buffetes de abogados sugirieron medidas "protectivas" o "de cobertura" a sus clientes, mientras que otros desembarcaron en la Argentina en busca de denunciantes que quieran presentarse como "whistleblovers" ante la SEC para, si prospera la denuncia que radiquen en Washington, cobrar una jugosa recompensa.

También afectó las fuentes extyranjeras de financiamiento de los proyectos de participación público-privada, que la Casa Rosada busca reforzar con garantías que podría aportar el Banco Nación, con la supervisión del Banco Central.